lunes, enero 24, 2022

Acepta Guatemala procesar a JDO por desaparición forzada, pero fiscalías son negligentes

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Información de Animal Político

Ciudad de México, 29 noviembre 2021.- Luego de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi tres años, México finalmente obtuvo del gobierno de Guatemala la autorización para cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Dicha autorización era necesaria, ya que el país centroamericano extraditó en 2017 al exgobernador por delitos de corrupción y lavado de dinero, y de acuerdo con el tratado firmado entre las dos naciones se requería obtener la luz verde de Guatemala para detenerlo u procesarlo por un delito distinto.

Sin embargo, pese a que ya transcurrieron ocho meses de que se obtuvo este permiso el proceso penal por desaparición forzada en contra de Duarte de Ochoa no se ha conseguido poner en marcha en México. La orden de detención no se ha cumplimentado y la audiencia inicial no se ha podido llevar a cabo. La defensa de Duarte de Ochoa adelantó que impugnará este nuevo proceso penal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó que las autorizaciones de parte del gobierno de Guatemala para proceder en contra de Javier Duarte por este delito se recibieron en dos momentos: una respuesta parcial el 18 de diciembre de 2020 y la definitiva el 17 de marzo de 2021.

En el oficio UDT-7573/2021 obtenido a través de una solicitud de transparencia, la SRE detalla que si bien el contenido de los documentos enviados por Guatemala se considera información reservada y clasificada por cinco años, es posible revelar que el sentido de la respuesta a la solicitud ha sido positiva.

“La Dirección General de Asuntos Jurídicos comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al Gobierno de México el consentimiento para a Excepción a la Regla de Especialidad que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito diferente al que ocasionó su extradición”, indica la dependencia federal.

Relaciones Exteriores agregó que el 19 de marzo pasado comunicó oficialmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la autorización del gobierno guatemalteco para que se procediera en consecuencia.

Sin embargo, hasta la fecha la orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada en contra del exgobernador de Veracruz no ha sido ejecutada por agentes federales ni del estado de Veracruz. Ello pese a que Duarte de Ochoa está plenamente localizable, ya que se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Norte compurgando una condena de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Se sabe que el exgobernador de Veracruz podría recuperar su libertad de manera condicionada luego de que ya cumplió la mitad de dicha sentencia y a que no se ha puesto en marcha el proceso en su contra por desaparición forzada el cual es un delito considerado como grave y que amerita prisión preventiva automática.

Audiencias pospuestas por la FGE de Veracruz

Cuestionados sobre el por qué no se ha puesto en marcha el proceso penal por desaparición forzada en contra de Duarte de Ochoa, autoridades de la FGR indicaron que si bien esta dependencia participó en el proceso de solicitud diplomática para la obtención de la autorización, la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ya que esa es la autoridad responsable de ejecutar la orden de arresto y detonar el proceso.

Las autoridades federales indicaron que se notificó oportunamente a la Fiscalía Estatal de Veracruz (FGE) sobre la autorización de Guatemala. Refirieron que ya hubo un primer intento de audiencia inicial pero la misma fue pospuesta.

La Fiscalía Estatal de Veracruz (FGE) guarda silencio o no ha respondido nada sobre las acciones que se han tomado a partir de la notificación de la FGR tras la autorización de Guatemala, así como la razón por la cual no se ha cumplimentado la orden de aprehensión.

De acuerdo con fuentes con pleno conocimiento del caso consultadas, son dos los intentos de audiencia inicial que se han llevado a cabo en las últimas semanas ante un juez de la ciudad de México sin éxito. Uno de esos intentos tuvo que posponerse por una alerta de riesgo de covid-19 en el centro penitenciario y la segunda por un tema administrativo.

Cabe señalar que la audiencia inicial es imprescindible para que el proceso penal pueda iniciar. En ella los fiscales le darán a conocer a Duarte de Ochoa el delito que le imputan y cuáles son los datos que prueban para sostener su posible participación en el mismo. Los defensores, por su parte, pueden exponer los datos que consideren necesarios para desvirtuar esa presunción inicial.

A partir de ello el juez decidirá si existen datos iniciales suficientes que justifiquen la apertura del proceso en contra de Duarte de Ochoa y fijará un plazo para que se concluyan las investigaciones. Si esto sucede el exgobernador tendría que permanecer preso ya que el delito de desaparición forzada podría ameritar una prisión preventiva justificada, sobre todo al tratarse de un segundo procedimiento en su contra.

Las desapariciones forzadas en Veracruz…

En mayo de 2018 una jueza penal del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Esto en agravio de al menos uno de varios jóvenes, identificado como David Lara, que fueron detenidos ilegalmente por policías estatales en 2013.

Las víctimas fueron detenidas por policías estatales sin que existieran denuncias ni órdenes de aprehensión en su contra. No fueron hechos aislados sino una operación sistemática a cargo de dos grupos de la policía que se dedicaban a realizar estas detenciones ilegales. Todas las víctimas fueron llevadas a la Academia de Policía de Xalapa y ya no se volvió a saber de ellos.

Según las investigaciones oficiales, altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, incluido el titular de la dependencia Arturo Bermúdez Zurita, habrían participado en estos hechos. En febrero de 2018 se implementó un operativo denominado “Tiro de Gracia” en el que cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de 19 efectivos de esta corporación.

Al avanzar las indagatorias los fiscales establecieron que el entonces Fiscal del Estado quien operaba bajo las órdenes de Duarte de Ochoa, Luis Ángel Bravo Contreras, había entorpecido las indagatorias de estos hechos con la presunta intención de encubrirlos.

Concretamente que habría intentado ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos en una barranca conocida como La Aurora, en donde supuestamente eran arrojados los cadáveres de las víctimas de desaparición forzada. El fiscal fue detenido en junio de 2018.

En ese contexto la Fiscalía Estatal de Veracruz (FGE) determinó que Duarte también era corresponsable del supuesto encubrimiento, ya que ordenó a su Fiscal General que no se informara del número total de víctimas halladas en el referido terreno, situación que entorpeció el esclarecimiento de los hechos.

“Se le atribuye (a Duarte) la calidad de autor intelectual en el caso ya que compelió al entonces fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a que servidores públicos desplegaran acciones que entorpecieron la investigación de la desaparición forzada de David Lara” indica la acusación de la Fiscalía.

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