Una sociedad democrática es necesariamente una comunidad informada. Ese es un asunto nodal en la agenda pública, donde el papel de los medios de comunicación y los periodistas es fundamental.
Pero en naciones como la nuestra donde el debate público está polarizado y el ejercicio de la profesión de periodista significa vivir en riesgo en tiempos de violencia sin control, cuando se pretende imponer un único discurso y la procuración de justicia opera bajo el tamiz de los aliados de la transformación y sus detractores, queda de manifiesto el entorno adverso que viven los comunicadores
Dígase lo que se diga, persisten resortes del pasado, ánimos derogatorios hacia quien no piensa como dicta el discurso oficial, y anatemas en contra de los periodistas que no se suman a la versión del gobernante en turno.
Si de por sí, ejercer el oficio de reportero implica acostumbrarse a pasar penurias económicas por los bajísimos sueldos de la profesión, o bregar diariamente por la nota oportuna, con las presiones del jefe de información, viviendo bajo el ojo vigilante de los comunicadores gubernamentales, ahora la tarea es doblemente compleja ante lo peligroso que resulta ahondar en temas tabúes como el narcotráfico, las implicaciones de personajes varios del mundo político o policiaco con los criminales, las fortunas mal habidas de nuestros “servidores públicos”, los arreglos en lo oscurito para hacer negocios y las malas cuentas de los gobernantes, entre tantos temas como quiera usted enlistar; el hecho concreto es que no es fácil dedicarse a la tarea de periodista.
Y el entorno de hostigamiento y desdén de los gobiernos para el ejercicio periodístico, por lo incómodo que les resulta cuando se les cuestiona, los lleva a intentar reducir toda crítica al presunto alineamiento del reportero o columnista con intereses políticos, a burdos apetitos monetarios o a formar parte de conjuras contra la Cuarta Transformación, en la lógica del presidente de México y los gobernantes de Morena a nivel estatal o municipal.
No obstante, lo que hace más complejo el ejercicio del periodismo es la terrible impunidad que rodea, en casi todos los casos, los crímenes en contra de los comunicadores. Pero lo que más agravia es que a la lenta, torcida y corrupta impartición de justicia que hay en este país se debe añadir la descalificación de las víctimas, el sugerir que tenían vínculos con delincuentes, el poner las investigaciones tras el cristal de los prejuicios ideológicos o la defensa de intereses partidistas o hacerse occisos cuando los presuntos implicados son amigos o aliados de ocasión del poderoso.
Por ello, periodistas de más de 30 ciudades mexicanas se manifestaron este martes luego de los asesinatos de tres integrantes del gremio en menos de un mes. José Luis Gamboa apuñalado el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez abatido a balazos siete días después en Tijuana; y lo más reciente, el crimen en esa misma ciudad donde abatieron a tiros a Lourdes Maldonado, periodista que pudo decir de frente al presidente López Obrador del Gobierno en una de sus conferencias mañaneras que temía por su vida. Estos comunicadores, se suman a una larga lista de más de 140 periodistas asesinados en los últimos tres sexenios, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19.
Con todo, el presidente de México al salir al paso por los cuestionamientos del asesinato de la periodista Lourdes Mendoza, pidió que no se politice el caso y en su defensa dijo que “casi siempre se detienen a los responsables” de los asesinatos en México. Sin embargo, hace una semana el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reveló que más del 90% de los homicidios quedan impunes.
Y es que, de acuerdo a informes de la Secretaría de Gobernación, al corte de octubre del 2021 se tenían registrados 47 asesinatos a periodistas desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de los cuales sólo se ha dictado sentencia en 5 casos, en tanto 7 siguen en judicialización, 33 en fase de investigación y 2 no tienen ejercicio de la acción penal.
Cabe señalar que de acuerdo a lo informado por el subsecretario Encinas los agresores están vinculados principalmente a servidores públicos municipales (43%) o la delincuencia organizada (33.5%). En tanto, los patrones de agresión que más predominan son las amenazas, agresiones físicas y robo.
Como sea, el caso es que, con las primeras tres muertes del 2022, la cifra de homicidios en el gobierno morenista aumentaría a 50, convirtiéndolo en el que más periodistas asesinados ha tenido en comparación con los últimos dos sexenios. Porque debemos recordar que en el gobierno de Felipe Calderón se reportaron 48 casos y 47 en el de Enrique Peña Nieto.
Por ello, México es señalado como una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, especialmente, para quienes “investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado”, según Reporteros Sin Fronteras
Las concentraciones de periodistas que vimos esta semana son sin duda un grave y urgente llamado de atención a los gobiernos para frenar esta sangría que desde hace ya dos décadas es la constante en los estados de la República, donde los comunicadores locales hacen su trabajo bajo tres fuegos: la mirada recelosa de los gobiernos estatales y municipales, con presiones de grupos locales de poder y amenazados por el narcotráfico.
Lo que es un hecho es el hartazgo entre el gremio ante la indiferencia oficial, la falta de garantías para desarrollar su trabajo y la tortuosa y lenta actuación de las fiscalías.
Es la impunidad. Pero lo real y concreto es que el periodismo vive tiempos en extremo complicados.