Justo cuando el día anterior, en la Ciudad de México, al inaugurar los foros regionales sobre la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmaba que es imprescindible su revisión porque, con 10 años de vigencia, todavía continúan las agresiones y prevalece la impunidad, este martes, en Veracruz, manos anónimas y mentes siniestras subían a YouTube un video en el que deslizan que el grupo del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares estaría por derramar un baño de sangre en la entidad para desestabilizar al régimen de su sucesor Cuitláhuac García, enlistando entre las posibles víctimas a cinco columnistas y un editor periodístico que paradójicamente son críticos de la administración estatal de Morena.
La turbulencia política, derivada de la pugna anticipada por la sucesión presidencial y estatal de 2024 que ha comenzado a radicalizar la confrontación no sólo con los opositores más empoderados sino también entre los propios bandos internos del partido gobernante, estaría por pasar de la cacería judicial de operadores político-electorales adversarios a poner en riesgo la seguridad de estos comunicadores.
Quien haya sido el instigador de esta estupidez flaco favor le hizo al gobernador García Jiménez, ya que dicho video difamador e intimidante descompone aún más el ambiente de civilidad política y atenta contra la estabilidad social de un estado que inició el año con estridentes ejecuciones masivas de un grupo criminal que acusó al secretario de Gobierno, Erick Cisneros, de proteger a un cártel rival.
Casualmente, este lunes, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó que no haya la suficiente colaboración de los gobiernos estatales y municipales, de donde, en muchos casos, provienen los ataques, con alto grado de impunidad, que supera 90 por ciento, según afirmó.
Encinas señaló que se requiere mayor énfasis en la prevención y que es necesario que el nuevo marco legal, que podría ser aprobado este año por el Congreso de la Unión, involucre más a los gobiernos estatales y municipales definiendo competencias y responsabilidades. Con ello, dijo, el Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas dejaría de ser sólo una política federal, lo que posibilitaría construir un sistema nacional, expuso el subsecretario de la SEGOB.
Por su parte, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, sostuvo que ese organismo entregó un diagnóstico con más de 100 de recomendaciones para mejorar la protección.
También lamentó que muchas de las agresiones provengan de autoridades locales, por lo que destacó la necesidad de que las reformas a la ley permitan superar la paradoja de que un mecanismo del Estado mexicano defienda a personas agredidas por funcionarios de otras instancias del mismo Estado.
A su vez, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, igualmente reconoció la necesidad de revisar el funcionamiento del mecanismo para una mayor definición de responsabilidades de los órdenes de gobierno, particularmente cuando 70 por ciento de los casos de agresiones provienen de instancias de gobiernos municipales o estatales, coincidió.
Otro que participó en este foro, vía remota, fue el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, quien destacó la importancia de proteger el desempeño de periodistas y defensores como una fórmula para fortalecer la democracia en la región.
En Veracruz, el gobierno de Cuitláhuac García está obligado a proteger, no a exponer a los periodistas, incluidos a sus críticos.
YOLLI: ¿SÓLO TAQUICARDIA?
Nos dicen que la versión que circuló antenoche, acerca de que a Yolli “N”, ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), se le estaba negando la atención médica especializada por una enfermedad coronaria, habría sido mera alharaca.
Y es que trascendió que su traslado del reclusorio de Pacho Viejo –donde lleva ya 670 días presa– al Hospital Civil de Xalapa no era otra cosa que para ser revisada por un ataque de ansiedad que sufrió y le provocó una ligera taquicardia. El asunto, nos aseguran, es que los adversarios políticos del gobernador Cuitláhuac García buscan hacer ruido mediático de lo que sea y con lo que sea, pues tampoco habría sido cierto que se le esté negando atención médica en instituciones privadas, ya que también se le concedió y de hecho se le practicarán estudios con médicos particulares. De hecho, nos comentan, ni siquiera habría pernoctado en el nosocomio ubicado en el centro histórico de la capital del estado.
Nos anticipan que este episodio seguramente será utilizado el próximo lunes, durante la comparecencia de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, para sacar a relucir este y otros temas que son del interés de los senadores Dante Delgado y Ricardo Monreal, que en las últimas semanas se han dedicado a golpear políticamente al mandatario veracruzano, agarrándose de lo que sea con tal de levantar polvo.
Bien dicen que en la política y en el amor, todo se vale. ¿O cómo era?