Está inscrita en el marco constitucional mexicano la obligación del INE de organizar el proceso de revocación de mandato cuando la ciudadanía así lo solicite, en cuanto al mecanismo referido al presidente de la república equivale a instalar el número de casillas previstas para una elección presidencial, en este caso serían 161 mil. Sin embargo, los diputados no aprobaron en el presupuesto federal para el presente ejercicio fiscal lo requerido por el Instituto Electoral, basado en lo cual la Secretaría de Hacienda le comunica su indisposición para avituallarle recursos económicos no autorizados. Entonces, como nadie está obligado a lo imposible, según Lorenzo Córdoba, consejero presidente, solo podrá instalar 50 mil casillas. Así ordenadas las circunstancias, la convocatoria para la Revocación se emitirá el 4 de febrero próximo para realizar el evento el 10 de abril del año en curso. Curiosamente, la Suprema Corte de Justicia ayer debió votar el dictamen acerca de si se suprime o no la última parte de la pregunta que sugiere una ratificación desnaturalizando el mecanismo de Revocación. Habrán de hacerlo pronto, aunque de cualquier manera sobre el INE seguirá lloviendo una muy nutrida metralla orientada a debilitar su autonomía.