El proceso para la consulta ciudadana en torno a le revocación del mandato presidencial sigue su marcha, muy accidentada por cierto debido a las acciones violatorias de le ley emprendidas por 17 gobernadores de Morena y la Jefa de gobierno de la CDMX, al firmar un desplegado de apoyo al presidente, transgrediendo así las limitaciones establecidas por la Ley de Revocación. Pero, en realidad, esa consulta ciudadana tiene vicios de origen, pues quienes la promueven son precisamente los partidarios del presidente López Obrador, es decir, los partidarios tiran piedras al pesebre, aunque obviamente no es así porque la finalidad no tiene como plataforma saber si el presidente se va o no por obra de la voluntad ciudadana, sino utilizar el resultado para festinarlo como el eje de apoyo propagandístico al presidente. No obstante, cualquiera sea el número de participante es muy poco probable que el resultado consiga calidad de vinculatorio, porque difícilmente alcanzará para acumular los poco más de 37 millones de votantes requeridos para alcanzar ese efecto. Lo que sí es seguro, es el enorme costo económico por un gasto de recursos públicos poco justificable en términos democráticos. La incógnita que priva en el ambiente político del país gira en torno a cuántos ciudadanos asistirán a practicar este ejercicio de democracia participativa ¿superarán los casi siete millones de la consulta sobre el juicio a los expresidentes? Dar respuesta inmediata se antojaría ritual adivinatorio y no cabe en la ciencia social, lo mejor es esperar al desarrollo de los acontecimientos y a que llegue el 10 de abril, fecha de la consulta, para enterarnos bien a bien cuál será el resultado, y si servirá para festejarlo y utilizarlo apologéticamente a favor del presidente o, por el contrario, para echarle la culpa al INE. “Despacio que llevo prisa”, decía Napoleón-