Salvador García Soto
La información sobre los financiamientos y aportaciones millonarias que realizó Sergio Carmona Angulo a las campañas de candidatos de Morena en las elecciones de 2021, que está en poder de agencias del gobierno de Estados Unidos, tiene al menos dos fuentes de información directas: por un lado los dos socios de Carmona que antes trabajaron en el gobierno de Tamaulipas y que le entregaron al gobernador un reporte detallado, con nombres, fechas y cantidades de a qué candidatos apoyaron desde las empresas Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y Consultoría Reymar y, por otro lado, los datos que corroboró y aportó Julio Carmona Angulo, hermano del empresario asesinado.
Dos días después de que a su hermano lo asesinaron en una barbería de San Pedro Garza, Julio Carmona cruzó hacia los Estados Unidos donde buscó protección de la justicia de ese país, a cambio de dar información sobre las actividades empresariales de Sergio y sus vínculos con dirigentes nacionales y estatales del partido Morena. Julio era socio en los negocios de su hermano y estaba al tanto del financiamiento y de las cercanas relaciones políticas que éste había construido con Morena, a cuya dirigencia nacional, se acercó a través del diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
De hecho, cuando se abrió la investigación en Estados Unidos, primero a cargo del FBI y después transferida a la DEA, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a cargo de Irving Barrios Mojica, abrió también una Averiguación Previa en contra de Sergio Carmona Angulo, a partir de la misma información y los mismos cargos que investigaban las agencias estadunidenses. Fue un “proceso espejo” en el que la fiscalía tamaulipeca acusaba Carmona de actividades de contrabando de gasolina ilegal desde Estados Unidos y por el cual ya habían solicitado una orden de aprehensión justo días antes de que lo asesinaran en Nuevo León.
Los dos exfuncionarios del gobierno de Tamaulipas que se volvieron socios de Carmona fueron un ex subsecretario de Salud y otro que fue secretario de la Oficina del Gobernador, y fueron ellos quienes se encargaron de pasarle a la Fiscalía tamaulipeca toda la información de las aportaciones y financiamientos de Carmona a los candidatos de Morena en el 2021 hasta por 500 mdp. Todo ese expediente que armaron en Tamaulipas, con información de primera mano, terminó en manos de las agencias estadounidenses.
La gravedad de todo este asunto radica en que, de documentarse los vínculos entre la dirigencia nacional de Morena y el dinero de un empresario huachicolero, se cae el discurso de honestidad de la 4T y del partido gobernante. La muerte violenta que tuvo Sergio Carmona Angulo el pasado 22 de noviembre, resultó muy oportuna para tratar de eliminar rastros de los presuntos 500 mdp producto de contrabando y huachicol que el empresario habría metido a las campañas de Morena en 2021. Esa cantidad es casi la mitad de los 1,200 mdp que el sindicato petrolero aportó a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, en el llamado “Pemexgate”, que fue investigado y sancionado por el antiguo IFE.
De llegar a investigarse y comprobarse en México el presunto financiamiento con dinero ilícito en las campañas de Morena, el delito sería lavado de dinero y la sanción directa sería la pérdida de registro del partido del presidente López Obrador. El caso tendría que procesarse en el actual INE y llegaría hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es decir, que los dos organismos electorales autónomos, atacados y vilipendiados desde Palacio Nacional, tendrían en sus manos el registro de Morena y del movimiento político de López Obrador lo que, en el contexto de acoso y amenazas de desaparición y descomposición, se convertiría en un arma invaluable para los consejeros y magistrados electorales ante la amenaza de la Reforma Política que prepara el presidente.
Una fuente de muy alto nivel en la Defensa Nacional, asegura que cuando el presidente estuvo internado en el Hospital Central Militar, solamente recibió una visita en su cuarto, antes de que lo sometieran al proceso de cateterismo en el que le colocaron un nuevo stent. Esa visita fue la de la jefa de Gobierno, quien fue llamada personalmente por el presidente a través de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Tal vez a eso se refería López Obrador cuando habló de que ya había dejado “un testamento político” en caso de que él faltara. ¿Será que la depositaria del testamento fue la única llamada al lecho en el que convalecía el presidente?… Los dados giran. Tocó Escalera.