Según el desarrollo de los acontecimientos, en el INE hasta ahora Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han demostrado tener un conocimiento eficiente de sus funciones, obligaciones y atribuciones en sus respectivos encargos como consejero Presidente y de prerrogativas a partidos políticos, respectivamente, pues, de momento han salido airosos de la metralla dirigida en su contra por personeros del gobierno y del propio presidente de México, que no es poco decir. Gestionaron y lograron ser eximidos de cualquier responsabilidad penal en el caso de la Revocación de Mandato y aliviar de esa manera las presiones que los hacían responsables de agravios constitucionales en caso que el INE no realizara el proceso de consulta. En realidad, Córdoba y Murayama están conscientes de la contrastante circunstancia que enfrentan, conocen del poder que el cargo otorga a López Obrador y del nivel político de quienes por consigna atosigan al INE, institución a cuya defensa emplean los mecanismos establecidos para estos supuestos en razón de su calidad de órgano autónomo. Obviamente, también conocen de su responsabilidad legal e institucional para asumir la defensa del órgano electoral a cuyo frente se encuentran, utilizando las herramientas de la ley, hasta ahora, han superado obstáculos, pero, ¿cuántos más?