Lo que tiene fuera de sí al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del escándalo de la “Casa Gris” de su hijo José Ramón es, sobre todo, la evidencia de que el discurso anticorrupción que enarbola y que ha sido su única bandera política, es mera retórica vacía.
Aunque la mansión texana del “Junior del Bienestar” no es ni de cerca la única certeza que existe sobre los actos de abierta corrupción que campean en el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Año con año, los órganos fiscalizadores muestran que no están lejos de las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, a los que tanto les gusta aludir para farfullar que “no son iguales”.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020 presentado este domingo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta de ello: precios inflados, sobrecostos e irregularidades que abiertamente demuestran hechos de muy probable corrupción, pueblan la práctica pública y el ejercicio de los recursos federales en todos los niveles de gobierno.
La ASF detectó un posible daño al erario por un total de 63 mil 10 millones de pesos, distribuidos entre todas las dependencias de la administración pública federal, los organismos desconcentrados y autónomos, las entidades federativas y las instituciones educativas, entre todos los entes que manejan recursos federales para operar.
De las 866 auditorías practicadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, una importante carga de posibles irregularidades se concentra en el rubro de desarrollo económico, que recibió observaciones por 11 mil 848 millones de pesos, siendo el sector de Agricultura y Desarrollo Rural, con ocho mil 920 millones de pesos, donde más anomalías existen.
También se encontraron posibles daños que ascienden a mil 674 millones de pesos de las Empresas Productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Mientras que el rubro de Desarrollo Social se determinó un posible daño al erario por seis mil 916 millones de pesos, del cual el sector Salud recibió observaciones por dos mil 728 millones de pesos, Bienestar por mil 116 millones y Educación por mil 86 millones de pesos.
Cabe mencionar que las obras “insignia” del gobierno de López Obrador destacan por sus manejos irregulares, como lo indica el reporte de la ASF. En la refinería de Dos Bocas, las inconsistencias ascienden a un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por 59.2 millones de pesos, entre sobrecostos en la construcción, retrasos, pagos duplicados y diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto.
Otro es el Tren Maya, en el que la ASF determinó irregularidades en la construcción por un monto total de 267 millones 882 mil pesos, referidas a pagos anticipados, trabajos cuya ejecución no fue debidamente acreditada en cuanto a sus alcances, materiales, mano de obra y equipo.
En el rubro del Gasto Federalizado se concentra el mayor número de observaciones, con un posible quebranto a la Hacienda Pública por más de 30 mil 522 millones de pesos. Irregularidades que se concentran especialmente en los gobiernos de los estados de la República.
El de Veracruz no es la excepción. Las observaciones de la ASF a la administración que encabeza Cuitláhuac García ascienden a probables desvíos por más de 157 millones de pesos, de los cuales, más de 119 millones corresponden a la gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Entre lo reclamado por el órgano fiscalizador al gobierno de Veracruz, están 72 millones 710 mil 200 pesos por realizar tres transferencias a la Secretaría de Desarrollo Social para llevar acabo el Convenio denominado “GOB VER-CFE DISTRIBUCIÓN-01/2020”, del cual “no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que acredite que dichos recursos se devengaron dentro de los plazos establecidos en la normativa, que la aplicación de dichos recursos se destinaron a cumplir con los objetivos del fondo y que beneficia a la población”.
Adicionalmente, se observaron 32 millones 141 mil 900 pesos por cuatro obras de las que “no se cuenta con la documentación que acredite la ejecución, su terminación, la entrega recepción, que funcionan, operan y benefician a la población objetivo”.
Qué decir de lo señalado a la Secretaría de Educación, en donde se detectó que se ordenaron pagos a trabajadores que ya habían fallecido, que estaban con licencia sin goce de sueldo o ya habían sido dados de baja de la dependencia. Solo ahí existe un posible daño patrimonial por 4.1 millones de pesos.
Tanto el presidente López Obrador como el gobernador García Jiménez se buscaron “salir por la tangente” cuando se les cuestionó, a cada quién por separado, sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación. El primero, con sus consabidos alegatos sobre que “ya no hay ladrones en el gobierno”; el segundo, haciendo una comparación entre sus 157 millones contra lo que en su momento le fue señalado al ex gobernador Javier Duarte, quien llegó a recibir observaciones por desvíos –que a estas alturas ya no son presuntos- por 34 mil millones de pesos.
Cerca estuvo Cuitláhuac García de decir “pero Duarte robó más… que yo”.
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