Decía Shakespeare que “hay puñales en las sonrisas de los hombres y cuánto más cercanos son más sangrientos”. Y la frase del escritor británico aplica muy bien para lo que está sucediendo entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Después de haber sido amigos y aliados, y de que Gertz prácticamente le debe a Scherer el cargo de fiscal, pues fue él quien convenció al presidente López Obrador de postularlo, ahora don Alejandro persigue con toda la fuerza de la FGR al abogado que es “como hermano” del presidente.
Con varias carpetas de investigación abiertas en su contra, el fiscal ha emprendido prácticamente una cacería judicial en contra de Julio, a quien busca acusar de haber cometido el delito de “extorsión” en contra de varios personajes de alto perfil que fueron acusados, perseguidos y detenidos por la FGR. Fugitivos y procesados como el abogado Juan Collado, el facturero Víctor Manuel Álvarez Puga, y el empresario Alonso Ancira, han sido buscados por la Fiscalía para pedirles que denuncien y acusen el modus operandi de despachos jurídicos vinculados a Scherer y cuyos abogados presuntamente les pidieron dinero a cambio de la promesa de retrasar sus casos o impedir sus detenciones. A partir de una declaración formal de Antonio Collado, hermano del abogado Juan Collado, el fiscal Gertz Manero pudo integrar la acusación formal contra los abogados Araujo y González por el delito de extorsión y tráfico de influencias. Hay versiones que dicen que ese mismo día los dos litigantes podrían ser detenidos.
En el otro caso en el que Gertz Manero ha logrado avanzar en su intención de acusar a Julio Scherer Ibarra de esas conductas delictivas a través de sus amigos abogados, ese el del empresario prófugo Álvarez Puga. En ese caso, la esposa del facturero consentido de varios exgobernadores y políticos, Inés Gómez Mont, declaró ante la FGR, a través de su tío Fernando Gómez Mont, que el matrimonio le había entregado a Julio Scherer una residencia en el fraccionamiento Tres Vidas en Acapulco, como pago a presuntos favores legales.
A partir de esa declaración, el fiscal Gertz Manero comenzó a investigar la propiedad que efectivamente estaba en posesión de Scherer y presionó para que el exconsejero Jurídico regresara la casa, por ser parte de las propiedades con las que el matrimonio de Álvarez Puga e Inés buscaría resarcir el daño por los delitos de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada de los que se les acusa. Según fuentes de la propia Fiscalía General de la República, el exconsejero jurídico habría tomado posesión de esa mansión el año pasado, antes de que el empresario y la conductora de televisión se dieran a la fuga en septiembre del año pasado.
Las mismas fuentes confirman que Scherer Ibarra ya regresó la propiedad y la entregó a la Fiscalía General de la República, luego que le fuera solicitada oficialmente la devolución, por tratarse de una propiedad que sería confiscada dentro del proceso legal en contra de Álvarez Puga y Gómez Mont.
El próximo 28 de febrero, fecha en que está programada la audiencia judicial, será el día clave para saber si Gertz Manero logra acreditar la conducta delictiva de la que acusa a los abogados César González Hernández y Juan Antonio Araujo Riva Palacio y si el juez le concede la razón en sus acusaciones contra los dos litigantes. Si eso ocurre, el fiscal habrá dado un paso decisivo para poder acusar al que fuera su gran amigo y hoy se volvió uno de sus objetivos prioritarios, de haber incurrido en un tráfico de influencias mientras era el consejero Jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y entonces sí, las cosas se complicarían sobremanera a Julio Scherer Ibarra que en los últimos seis meses pasó de ser el hombre de mayor confianza del presidente y su principal operador político e interlocutor con políticos y empresarios del más alto nivel, a convertirse en un hombre acosado por la justicia y en una presa de caza para el fiscal al que él mismo ayudó a encumbrar en la República.