Por Edgar Hernández*
No basta que el gobernador Cuitláhuac García diga que eso de la licuadora –dinero del erario en una gran bolsa- es cosa del pasado; tampoco los dichos del Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, sobre la entrega puntual de recursos y que no se jinetea el dinero, cuando los hechos y las denuncias muestran lo contrario.
Y por si no fuera suficiente por estos días ha quedado al desnudo el monopolio comercial del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien obliga y coacciona a los 212 presidentes municipales a comprar en su comercializadora “desde un clip hasta un avión”.
Ya desde el arranque de la actual administración, la Sefiplan quedó bajo sospecha tras los repetidos préstamos millonarios a la banca privada y Banobras, aduciendo la entrega irregular del presupuesto anual que oscila entre los 128 mil y 130 mil millones de pesos.
Veracruz del 2018 a la fecha, carga deudas que no serán cubiertas antes del 2030.
Encima el subejercicio anual –particularmente de la SIOP y la Secretaría de Salud- que es donde está la clave del desorden financiero y el desvío de recursos, sin contar los moches que ya mismo alcanzan el 70 por ciento lo cual impide incluso la realización de la obra, es decir, se contrata la realización de la misma, pero solo existe en el papel.
Evidencias de lo anterior se han hecho públicas en años anteriores por los partidos de oposición y más recientemente por los diputados federales y locales, también opositores.
“No hay licuadoras para tapar hoyos financieros, ni se jinetea el dinero a municipios que se entrega de manera puntual”, dijo hace unos días el titular de Finanzas ante la denuncia en el Congreso de la Unión por la demora en dos ocasiones en lo que va del año, de la entrega del dinero destinado a los ayuntamientos.
Lima Franco de pronto olvidó que el 2 de noviembre del año pasado reconoció que se usaban recursos públicos con fines especulativos “para utilizar los intereses bancarios de manera discrecional”.
Semanas después admitió que “SEFIPLAN depositó recursos económicos dirigidos a los ayuntamientos de Veracruz, con al menos 6 días de retraso, pues tenían que haberse transferido el 25 de enero y lo hicieron hasta el 31 de enero de 2022”.
¿Dónde quedaron entonces los intereses que se generaron? Y lo más importante ¿Es tal que se demoran los pagos para jinetear el dinero, por puro capricho o por ineptitud técnica?
Ese regateo de los recursos públicos evoca, en efecto, al pasado pero es un hecho que se han recrudecido en el presente cuando llegaron los honrados, cuando ya no son lo mismo, cuando se impuso el “no somos iguales”.
El jineteo no es otra cosa más que un subejercicio para que con el dinero que se genera por los intereses, se pueda disponer del recurso y utilizado a discreción por Lima o el propio Cuitláhuac quien por tres años se ha empeñado en asegurar que es honesto.
“Me consta”, ha dicho el propio Presidente López Obrador, sin advertir que la licuadora es un delito de desviación de recursos ya que el dinero de los ayuntamientos no está etiquetado para un propósito especulativo.
Ayer mismo el propio diputado federal Pepe Yunes, quien desde el debate por el presupuesto 2022 ha venido denunciando la desaparición de programas sociales y entrega de recursos para otros fines, hizo una importante adición que lesiona a los municipios.
Dijo que Sefiplan “si obtiene ganancias por el cobro del predial en lugar de los municipios. Y es que aun cuando el dinero de la recaudación solo esté por 72 horas en manos del gobierno del estado, éste lo pondrá en los sistemas financieros”, aseguró.
Será una ganancia que difícilmente será trasladada a los municipios “aunque haya salido de un dinero que es de la hacienda local”, sostuvo.
No hubo respuesta del gobierno como tampoco las explicaciones sobre dónde quedan los candados para regular ese dinero.
El punto es que no existen.
Como tampoco un freno para la comercializadora puesta en marcha por el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros que obliga a los municipios a comprar desde un clip hasta un avión a su negocio del cual difícilmente se cree no esté enterado el gobierno.
Pruebas contundentes en contra del cobrador profesional del Bola #8, Jorge Ortiz, ex secretario particular de Ricardo Ahued, las ha presentado el edil de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, a quien este sujeto lo obliga a comprar papel, tonner, camionetas con batea, coches utilitarios, camiones de recolección de basura, mobiliario y uniformes.
“Prohibido comprar nada fuera de la comercializadora”, les advierte Jorge Ortiz a los ediles de los 212 municipios.
En igual sentido se han manifestado los alcaldes que migraron a Morena para, según el gobierno estatal, obtener los recursos con mayor rapidez, una rapidez que se ve impedida por el jineteo del dinero y su destino etiquetado en favor de la comercializadora o licuadora de Eric, que está protegida y avalada por ORFIS.
Ese es el gobierno de la 4T en Veracruz, que no es el gobierno de la Cuarta Transformación, sino un gobierno de cuarta.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo