Al pie de la letra
Raymundo Jiménes
A mediados de febrero pasado, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos considera el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección hizo jugosos negocios ilegales en México desde antes y en la actual administración de Morena.
Saab movió millones de dólares por todo el mundo. Los negocios se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria.
En esta trama se involucró a la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que dirige Ignacio Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI) fue jefe de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio del ex presidente José López Portillo (1976-1982).
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje señalaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro que son señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.
A principios de noviembre pasado, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) puso al descubierto otra trama ligada a Saab, que movió 64 millones de dólares –cerca de 1,300 millones de pesos– en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.
Ahora, MCCI acaba de revelar que una de estas empresas fachada que envió toneladas de leche a Venezuela a través del testaferro de Maduro obtuvo dos contratos por hasta 184.5 millones de pesos para vender acero y mallas soldadas para la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado anteayer por el presidente López Obrador.
La investigación periodística documentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le asignó en 2019 y 2020 dos contratos a Prometallic S.A. de C.V., fundada apenas el 15 de enero de 2018 en Monterrey, Nuevo León, y cuyo accionista Humberto Marcos Corella fue durante 12 años socio y administrador de Grupo Brandon, empresa declarada como fantasma por el SAT y que envió toneladas de leche de mala calidad a Venezuela como parte de una trama de lavado de dinero que encabezaba Alex Saab.
Grupo Brandon fue constituido el 11 de noviembre de 2004 en Monterrey, con el objeto social de comercialización de toda clase de alimentos. Siete meses después, el 1 de junio de 2005, los socios originales vendieron sus acciones a Marcos Corella y a su madre, convirtiéndose en accionistas únicos durante 12 años, pues el 27 de marzo de 2017 simularon una asamblea extraordinaria en la que traspasaron sus acciones a favor de Javier Eduardo de la Fuente Rodríguez y Mario Alberto Valdez Díaz, dos jóvenes veinteañeros de colonias populares de la zona metropolitana de Monterrey, sin experiencia empresarial. En octubre de 2021 ambos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por suplantación de identidad y se deslindaron por completo de esa empresa.
¿Acaso tendrá algo que ver esta trama con que el único vuelo internacional que por el momento recibirá el recién estrenado aeropuerto Felipe Ángeles será de la aerolínea Conviasa, del gobierno de Venezuela? ¿O simplemente será mera coincidencia?
Ayer, por cierto, el diario EL FINANCIERO informó que el próximo aterrizaje de Conviasa en el flamante puerto aéreo de Santa Lucía será hasta el próximo 12 de abril, dentro de 20 días, según el propio sistema de reservas de la aerolínea venezolana.