Ni en el Congreso local ni en el Poder Judicial del Estado hay algún sensato que ayude al titular del Poder Ejecutivo a librar los justos reclamos por mantener todavía en prisión a cientos de imputados por el polémico delito de ultrajes a la autoridad, que sigue vigente en Veracruz a pesar de haber sido declarado inconstitucional desde hace casi un mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La semana anterior, el miércoles 16, entrevistado al respecto, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura local, declaró que “existe la idea equivocada de que desde el Congreso se tendrá que hacer una adecuación al Código (Penal) para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, sin embargo, eso no es necesario”, afirmó muy sabihondo.
El coordinador de la bancada de Morena dijo que ya habían notificado “al Poder Judicial (del Estado) la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad y al Congreso (sic) le corresponde cumplir con su función de citar a audiencias para liberar a los detenidos, por este delito”.
Y tras responsabilizar a los abogados del Movimiento por la Justicia de querer sacar raja política del tema, remarcó que “todos los involucrados saben que el delito ya no es válido”, reiterando que desde el Congreso ya se había cumplido con el resolutivo que les envió la Corte, a pesar de que no se ha publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, como lo establece la ley.
Argumenta que “hasta en tanto no se notifique al Tribunal Superior de Justicia, tanto también a nuestra Legislatura veracruzana para que se hagan las notificaciones y la derogación de dicho artículo, ahorita nada más está señalado como inconstitucional, entonces se realizarán las prevenciones acordes a lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
“Asimismo –dijo–, no pasa por alto lo presentado por parte del fiscal Luis Antonio Pedro López, con fecha 14 de marzo del año 2022 a las 13:38, dentro del proceso que se está ventilando, el 403/2021, en el cual está solicitando en términos de los artículos 326 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales un sobreseimiento, más sin embargo, como ya lo señalé y lo vuelto a referir, que todavía no podemos entrar al estudio de un sobreseimiento como lo establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales toda vez que no ha sido derogado el artículo 331 del Código Penal veracruzano. Ha sido declarado inconstitucional de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, mas no ha sido derogado o no se han hecho en el Poder Legislativo de nuestro estado las modificaciones para poder establecer que efectivamente haya sido derogado en su totalidad el artículo 331del Código Nacional de Procedimientos Penales (sic), por eso no ha lugar a su solicitud presentada ante esta autoridad.”
Cuánta razón le asiste al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien al inaugurar anteayer el Encuentro Académico del Poder Judicial de la Federación –organizado por la SCJN, el Tribunal Federal Electoral y los centros de formación de ambas instituciones–, dijo que no puede haber cambios en el Poder Judicial si no hay cambios en el perfil de jueces, abiertos a la interpretación y no sólo la literalidad de la ley.
“No podemos simplemente estar interpretando la ley a la letra, sino que tenemos que ser creadores de un nuevo orden social a través de nuestros criterios interpretativos. Claro, no se trata de buscar aquellos criterios que van a ser aplaudidos por la tribuna; se trata de generar avances en los derechos a partir de argumentaciones sólidas, consistentes, que resistan un análisis que puedan ser debatidas, discutidas y defendidas”, expuso Zaldívar.
El ministro presidente de la SCJN compartió con el magistrado Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la necesidad de un nuevo perfil de personas juzgadoras y una nueva carrera judicial como condición indispensable para conseguir cambios en ese poder y en el país.
“El Poder Judicial y sus criterios tienen que ser la punta de lanza del cambio y la transformación social”, reiteró Zaldívar.
“Lo único que nos va a poder garantizar que este nuevo Poder Judicial federal que hoy tenemos se consolide es que efectivamente logremos generar un nuevo perfil de personas juzgadoras a partir de una nueva carrera judicial”, agregó.
Calificó de protagónico el papel del Poder Judicial en los cambios del país: “Nuestro único compromiso es, debe ser y será con los derechos humanos de todas las personas para que podamos decir cada día al despertar que hemos puesto para todas las personas sea una realidad en un país tan urgido y tan necesitado de justicia, y en donde las juezas y los jueces federales dotemos tomar un papel protagónico y esencial para lograr el cambio que nuestro país requiere, exige, necesita y espero que pronto sea una realidad”, concluyó.
En cambio, en Veracruz, la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en su último informe de labores no sólo dejó entrever la sumisión de las juezas y jueces, al reconocerles públicamente que siempre “han respondido como se les ha pedido”, sino que en vez de reafirmar su estricto apego al Derecho y a la Constitución se encomendó a Dios.
“La justicia es algo que se practica en el día a día y a través de ello necesitamos la presencia de Dios dirigiendo nuestras vidas. ‘Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él’”, dijo, citando un versículo del evangelio de Juan.