Terminó el lunes el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador. Fue un mes completo de foros donde se invitó a promotores y detractores de la iniciativa presidencial; donde se oyeron voces diversas, lo mismo condenando y alertando sobre la propuesta de reforma constitucional y sus efectos, que alabando y ensalzando la patriótica estatización y el control del monopolio del sector eléctrico, como un acto vital de la “cuarta transformación”.
Y tras cuatro semanas de dialogar, debatir y hasta discutir las políticas eléctricas del pasado “neoliberal”, sin proponer nada que no suene a otro retroceso a un pasado estatizador, las preguntas vuelven a ser las mismas desde el inicio: ¿Alcanzarán Morena y sus aliados los votos opositores necesarios para completar la mayoría constitucional y poder aprobar el cambio a la Constitución? Y ¿entregará el PRI los cerca de 57 votos que aún necesita López Obrador y su reforma para poder alcanzar la mayoría calificada?
Es decir, que sin saber cuánto costó la organización de los dichosos foros del parlamento abierto, es claro que el mismo tiempo destinado a eso pudo ser una pérdida de tiempo para todos los que atendieron el llamado de la Comisión de Energía, porque en realidad nunca hubo la intención de Morena ni de la 4T de modificarle siquiera “una coma” a la iniciativa presidencial para el sector eléctrico. Porque después de tantos discursos, incluso más políticos que técnicos, queda más que asentado que el dichoso ejercicio de parlamento abierto fue más una maniobra legitimadora, que la intención de un diálogo y una crítica que pudiera cambiar y mejorar la reforma presidencial.
Porque volvemos, después de tanta palabrería y de llevar a gobernadores, publicistas, congresistas, propagandistas, ideólogos y académicos de Morena y de la 4T, a las mismas incógnitas sobre si habrá “arreglo” o “acuerdo” entre el PRI y la Presidencia de la República para que los priistas garanticen los votos que hacen falta para sacar la reforma constitucional y ¿a cambio de qué los dirigentes priistas darían sus votos a torcer por la reforma lopezobradorista?
Y esas dudas originales cobran más fuerza a partir de los escenarios electorales para las seis gubernaturas que se renovarán este año en la República. Y es que uno de los estados que eligen gobernador, Hidalgo, es de una alta prioridad para el grupo que controla el CEN del PRI y la Coordinación de la bancada priista en San Lázaro. La candidata de la alianza entre el PRI-PAN-PRD, Carolina Viggiano, es al mismo tiempo la secretaria general del PRI de Alejandro Moreno Cárdenas y la esposa del coordinador parlamentario Rubén Moreira, por lo que su postulación para ser gobernadora de Hidalgo es claramente una apuesta del triunvirato que controla al PRI.
Es tan importante el control estatal de Hidalgo para los objetivos y planes futuros de Alito y de Moreira, que ganar la elección del próximo 5 de junio y obtener el gobierno hidalguense, bien podría ser la moneda de cambio con la que el PRI aportará los 57 votos necesarios, con la que los dos dirigentes priistas ganarían la plataforma y el presupuesto de un estado, y garantizarían los diputados necesarios con su voto para que se apruebe la reforma eléctrica de López Obrador, elevada a rango constitucional. Hidalgo bien vale traicionar los principios y a los aliados de la oposición aprobando la reforma lopezobradorista… Los dados mandan otra Escalera. Seguimos subiendo.