Llegó a mi casa un ejemplar de Regeneración, periódico oficial de Morena, junto con una serie de panfletos invitando a votar el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato. En la propaganda se presentan los logros de esta administración y convocan a votar por la opción de que siga AMLO en la Presidencia.
Eso sería un acto perfectamente normal en toda democracia liberal: un partido apoyando a su Presidente. Pero en México es un delito. Y la culpa la tienen los que hoy hacen abiertamente campaña a favor de López Obrador.
Celebro que el lopezobradorismo nos esté dando la razón a los liberales, quienes siempre hemos criticado las leyes que limitan la libertad de expresión durante los procesos electorales. Esto comenzó, hay que recordarlo, en 2007, después de los comicios tan competidos de 2006, donde perdió AMLO por un escaso margen argumentando, después, que le hicieron fraude. El Tribunal Electoral le dio la victoria a Calderón, aunque argumentó que la intervención del presidente Fox, en ese momento legal, puso en peligro la elección. Un año después, el lopezobradorismo presionó para que se reformara la ley y se limitara la propaganda de gobernantes y grupos ciudadanos durante las elecciones.
Como lo advertimos, ahí comenzó la pendiente resbaladiza. Desde entonces se han legislado cada vez más restricciones a la libertad de expresión. Llegamos, ahora, a la ridícula situación de que ni el Presidente (cuyo nombre va a estar en la boleta) ni los partidos pueden hablar de la revocación del mandato. Una aberración.
Los políticos, sabemos, son muy hipócritas. Piensan una cosa cuando están en la oposición y otra diferente ya en el gobierno. Es lo que le está pasando a AMLO y a Morena. Se sienten frustrados por no poder hacer campaña a favor de la permanencia del Presidente. Y, por tanto, se encuentran en un aprieto.
El riesgo no es que AMLO vaya a perder, sino que salga poca gente a votar el 10 de abril. Algo parecido a lo que ocurrió en agosto del año pasado con la consulta popular para dizque enjuiciar a los expresidentes, donde sólo sufragó el 7% del padrón. Un mal resultado. Tan fue así que AMLO lo trató un par de días en su mañanera y luego enterró el tema.
Lo que veremos el 10 de abril es la capacidad de movilización de Morena. Difícil que baje del 7% del año pasado. La pregunta es cuánto lograrán aumentarla. No está fácil, primero, porque no hay campañas, salvo la institucional del INE y, segundo, por la fecha: Domingo de Ramos, en las vacaciones de Semana Santa.
Ante esta situación apremiante, tanto el gobierno como Morena han decidido hacer trampa. Abiertamente están en campaña. Cientos de anuncios espectaculares han aparecido en varias ciudades del país invitando a votar para que siga AMLO. Brigadistas del partido reparten panfletos y realizan cambaceo electoral, sobre todo en colonias donde se reparten programas sociales.
Además, la Cámara de Diputados se sacó de la manga una facultad poco utilizada por el Congreso para interpretar leyes. En una operación exprés, saltándose todas las etapas del derecho parlamentario, legislaron para permitir que el gobierno pueda hacer propaganda durante la campaña de revocación del mandato.
De acuerdo al exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, el máximo tribunal ya había determinado en el pasado “que la interpretación auténtica de las normas legales no es una facultad de modificación o derogación, pues se trata de establecer su sentido acorde con la intención de su creador. La naturaleza del proceso interpretativo exige que el resultado sea la elección de una de las alternativas interpretativas jurídicamente viables, pues, de otra manera, se estaría frente al desbordamiento y negación del texto original”.
La “interpretación” de la Ley de Revocación de Mandato todavía falta por aprobarse en el Senado. Es previsible que esto suceda rápido y, por los tiempos del Poder Judicial, no habrá posibilidad de desafiarlo en los tribunales. Así, por la puerta trasera, de manera tramposa, van a cambiar la ley electoral cuando la Constitución prohíbe hacerlo una vez que el proceso está en marcha.
Todo lo cual pone en un brete al INE y al Tribunal Electoral. Ellos están para aplicar la ley. En consecuencia, tienen que castigar a Morena por la abierta campaña y al gobierno por no respetar la veda electoral, es decir, por tramposos. Habrá, por tanto, un choque del lopezobradorismo con las autoridades electorales autónomas que el Presidente tanto aborrece. Y eso, también, es uno de los objetivos de la revocación de mandato: debilitar al INE y al Tribunal Electoral rumbo a la elección de 2024.