Un nuevo escándalo provocó Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, al denunciar el viernes al fiscal general Alejandro Gertz Manero, en la dependencia que dirige. Lo acusó de posible tráfico de influencia, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa, que son imputaciones hechas con anterioridad, y lo definió como un hombre “eminentemente vengativo”, “envenenado”, “cínico” y “psicópata”, definiéndolo así como una persona narcisista, manipuladora, sin escrúpulos ni remordimientos. El pleito entre los dos sube su virulencia. Scherer está empeñado en desgastar a Gertz Manero y, eventualmente, que el Presidente lo remueva, pero hasta la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador no estaba en esa lógica y el fiscal seguía empoderado.
La denuncia no tiene nada que no se haya discutido públicamente. Dibuja una vez más el patrón de comportamiento del fiscal, quien no ha tenido problema para reincidir en sus conductas, porque en este gobierno la ley no vale nada. Sin embargo, en la deconstrucción de la querella se pueden encontrar claves importantes que revelan la dinámica en Palacio Nacional y, sobre todo, siembra la semilla para futuras denuncias en México y en el mundo en contra del fiscal. Scherer la presentó en dos rutas, la de lo probable y la de lo posible.
Lo probable tiene que ver con lo que puede suceder en este gobierno donde la ilegalidad es la ley. Scherer presentó la denuncia de manera interesante, en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos, esposa de Jaime Cárdenas, director efímero del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, a quien Gertz tiene en la congeladora por desconfianza, al no formar parte del coro de incondicionales del fiscal, y por su estrecha relación con Santiago Nieto, el exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien se enfrentó permanentemente su jefe, disparándose expedientes por presuntos delitos de corrupción.
Las denuncias contra Scherer y un grupo de abogados por el presunto delito de extorsión que investiga la Fiscalía General debían haberle caído a Mijangos, lo que resalta Scherer, por ser hechos que competen de manera exclusiva a su fiscalía, pero Gertz Manero, en lugar de enviarlas a una fiscal que no estaba bajo su control personal, las envió a otras fiscalías. De entrada, fueron turnadas a la fiscal especializada en Asuntos Internos, cuya titular es Adriana Campos, y a la Especializada en Delincuencia Organizada, bajo el mando de Alfredo Higuera. Hoy están concentradas en la Fiscalía de Control Competencial, encabezada por su escudero Juan Ramos.
Campos, que toma órdenes de Ramos –pese a ser su par–, también fue denunciada por Scherer. La fiscal atrajo de manera extraña una querella del abogado Paulo Diez Gargari contra Scherer, radicada en el Estado de México, por un viejo diferendo sobre el Viaducto Bicentenario, y abrió una carpeta de investigación contra Scherer, días después de que López Obrador le dijo a Gertz Manero que eliminara todas las imputaciones contra Scherer. Que la denuncia del exconsejero vaya a la fiscalía de Mijangos es como un intento por enfrentar a la única fiscal que considera honesta, con otros funcionarios que dice no lo son.
¿Podrá Mijangos avanzar en desahogar la denuncia? Para eso está el camino de lo posible. Está contenido en la página 5 de las 15 en total que comprende su denuncia de hechos, donde habla del paso de Gertz Manero como coordinador de la llamada Operación Cóndor, para combatir a los cárteles de la droga en la sierra de Sinaloa, designado en 1975 por el entonces procurador general, Pedro Ojeda Paullada, tras negociarla en secreto con el gobierno de Estados Unidos. Scherer afirmó: “Gertz Manero ha confirmado la misma cualidad sociopática con que coordinó y defendió la oprobiosa Operación Cóndor en la guerra sucia de los oscuros años 70. (Una) campaña de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y extorsión masiva que sufrieron miles de campesinos y guerrilleros, hombres y mujeres de las regiones más desfavorecidas del país”.
Este elemento de la denuncia apunta hacia tribunales internacionales. Si la querella en la fiscalía anticorrupción no avanza, por la protección del Presidente a Gertz Manero, Scherer abrió la puerta a denunciarlo por crímenes de lesa humanidad, que es una grave violación de los derechos humanos, cometidos presuntamente durante el gobierno de Luis Echeverría, que, en caso de proceder, llegaría en un muy mal momento para el gobierno de López Obrador, que está empezando a ser señalado de incurrir en crímenes como los que Scherer dijo que ejecutó Gertz Manero hace 47 años.
La denuncia revela otro abuso de poder en beneficio de su amigo y socio, Gabriel Alarcón Velázquez, hijo de quien fundó El Heraldo de México, para salir airoso de un fraude contra su hermana María Eugenia y quedarse con la fortuna de su padre. Para ello, Gertz Manero persiguió a sus hijos Gerardo, Francisco y Ernesto Álvarez Morphy, acusándolos de ilegalidades en la distribución de medicinas, y alimentando información al Presidente, para que los acusara constantemente de corruptos. López Obrador dejó de hablar de ellos, sin saberse si fue por las alertas de Scherer, o por su cercanía de ellos con el expresidente Enrique Peña Nieto, con quien existe un pacto de no agresión.
Ciertamente, la denuncia de Scherer tiene claves que muestran una profundidad ominosa en el actuar de Gertz Manero, y las eventuales implicaciones. López Obrador ha dicho internamente que relevar al fiscal sería pólvora para sus adversarios, un narcicismo que le impide analizar con claridad el caso, que continuará pudriéndose mientras se mantenga indefinido López Obrador. O respalda a Gertz Manero y le da el apoyo total para perseguir a Scherer y a los abogados cercanos a él, aun a costa de los señalamientos de ilegalidad como los apunta la denuncia, o llegó el tiempo para que fiscal se vaya. Lo que no puede hacer el Presidente es, como hasta ahora, permanecer paralizado ante un monstruo que sigue creciendo ante sus ojos.