El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe sobre la situación en México en este sensible tema, que se ha convertido desde hace al menos veinte años en una pesadilla para miles de familias en nuestro país.
Luego de la visita oficial que realizó una delegación del organismo en noviembre del año pasado para realizar trabajo de campo, reunirse con autoridades federales y estatales, con comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, entre otros, y de constatar el trabajo de rastreo que realizan los colectivos de búsqueda, las exhumaciones y verificar los sistemas de registro forense, este martes 12 de abril desde Ginebra, Suiza, el Comité hizo públicas las conclusiones de su informe que es contundente y que no cayó nada bien al gobierno de México.
Sus conclusiones son rotundas: la impunidad y la violación a los derechos humanos es la norma, existe colusión de servidores públicos con el crimen organizado y – lo que más caló hondo en el ánimo presidencial- que dejar la estrategia de seguridad pública en manos de los militares solo ha agravado el problema.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó de inmediato el informe elaborado por el Comité de Naciones Unidas que documentó las desapariciones forzadas en el país y desestimó las conclusiones. “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad”, respondió el mandatario y dijo que en México el Ejército ya no se usa para reprimir, desaparecer a personas o para matar heridos; aseguró que ellos, los integrantes del Comité, no “vieron nada de los abusos y crímenes de Estado” que se cometían en el periodo neoliberal.
Pero más allá de los reproches presidenciales, lo central es que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha instado a México a abandonar “de inmediato” el enfoque de militarización de la seguridad pública en el país vigente desde los años noventa y que, pese a los ofrecimientos de campaña del hoy presidente, se mantiene vigente y se ha incrementado durante su gestión.
Y quizá la parte más fuerte del informe es que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal y que la delincuencia organizada se ha convertido en “un perpetrador central” de desapariciones, “con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.
El informe señala que actualmente en México hay 98.944 personas desaparecidas, 66.651 durante lo que va de este sexenio; que solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones han sido judicializadas hasta el 26 de noviembre de 2021, y que solo se habían emitido 36 sentencias en todo el país. Así de grave la situación.
Para el Comité la conclusión es obvia: la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas.
El informe señala que los datos “evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones” y la militarización de la seguridad pública. Por eso, ha recomendado al Gobierno “fortalecer a las fuerzas civiles del orden” y poner en marcha un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de los militares de esas tareas.
Los expertos independientes han instado al Gobierno a adoptar de forma “urgente” una política nacional de prevención y erradicación “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto”.
Las conclusiones del Comité de la ONU nos remiten a la lacerante realidad que vivimos en México en materia de desapariciones forzadas y de impunidad. Por más que se quiera negar o matizar, la realidad supera cualquier argumento de defensa.