La andanada lanzada por el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” contra el orden jurídico y la mínima normalidad democrática del país es, sin temor a exagerar, un peligro como no se había visto en años para los de por sí frágiles equilibrios que habían permitido a México avanzar, aunque lentamente, en una larga transición de la cerrazón autoritaria del sistema de partido hegemónico a una apertura al pluralismo político, misma que languidece cada vez con mayor celeridad.
El que con total cinismo las autoridades de todos los niveles violen la ley sin que pase realmente nada más allá de las condenas mediáticas, supera su propio ámbito de acción y trasciende cualquier coyuntura política. Es, en los hechos, una invitación abierta a que nadie en este país respete la legalidad. Si del presidente para abajo la quebrantan cotidianamente, ¿por qué los demás tendríamos que hacer algo diferente?
Es claro que el discurso moralino –que no moralizador- del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se quedó en la mera palabrería. Las peores prácticas que criticaron en el pasado –y con razón- las han replicado en la actualidad y elevado a niveles verdaderamente grotescos, en los que ya ni siquiera les preocupa cuidar las formas ni disimular el enorme desprecio que tienen por cualquier normatividad que les signifique una limitante o un freno a sus delirantes ambiciones de poder.
Decididos a destruir las instituciones que les permitieron hacerse del gobierno, en el régimen de los “tetratransformados” ex priistas, ex perredistas y ex panistas gobernantes no tienen empacho alguno para mentir, para negar corruptelas del tamaño de un océano cometidas a plena luz de día. Comenzando por el propio presidente de la República, que a pesar de ello es capaz de repetir la cantaleta de que “no son iguales” a sus antecesores, cuando con su conducta demuestran que son realmente mucho peores.
Todo esto tiene al país en un brete de enorme riesgo. Mientras que para lograr la inocultable restauración autoritaria que ha puesto en marcha, el gobierno de la “4t” mina las instituciones que la sociedad construyó para aspirar a llegar a una verdadera democracia, la población se divide cada vez con mayor virulencia, la intolerancia campea y muy fácilmente se convierte en violencia de todo tipo, desgajando un escuálido tejido social cuyas hebras se desatan y se convierten en descalificación hacia quien disiente, en odio al que piensa diferente, cancelando con ello cualquier posibilidad de diálogo, acuerdo o razón.
Lo acontecido este fin de semana en torno del engaño descomunal de la consulta de revocación de mandato, el enorme cúmulo de ilegalidades cometidas por autoridades de todos los niveles de gobierno con total desfachatez, y que además tienen el descaro de negar como si los ciudadanos fuéramos estúpidos, da cuenta de una realidad ominosa: en México hay un estado de Derecho fallido, que ha sido derrotado por una cultura de la ilegalidad prohijada además por los que juraron respetar y defender el orden constitucional. Por esos farsantes que prometieron desterrar la corrupción y, por el contrario, la han afianzado como su praxis política y personal.
Mientras el país se desgarra por la violencia y la inseguridad, el secretario de Gobernación y las fuerzas armadas desvían recursos para proselitismo político; no hay recursos para infraestructura de comunicaciones, se carece de medicamentos en las instituciones públicas de salud y se retiró el presupuesto para la investigación científica, pero en cambio se derrocha dinero público a manos llenas para acarrear personas a concentraciones masivas irresponsables y sin sentido. Todo para alimentar las ofuscaciones del megalómano de palacio.
Y lo más doloroso es constatar que el chantaje, que el soborno disfrazado de programa social sigue siendo una herramienta de control social y político tan efectiva, que mientras el barco se hunde, los tripulantes agradecen que se van a ahogar.
La lógica de la perdición de un país.
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