La resolución del Juez Primero de Distrito en Veracruz, que dentro del Juicio de Amparo 1063/2021 determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) sí logró acreditar con datos de prueba el presunto delito de peculado que le imputa al ex secretario de Finanzas y Planeación, Tomás “R”, mueve a sospecha ya que inexplicablemente ninguno de los 12 procesos penales que en total tiene abiertos el ex funcionario duartista le fueron iniciados por la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que todos son del fuero federal.
En este caso por el que se le confirmó la vinculación a proceso, es entendible ya que se deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación por el supuesto desvío de fondos federales destinados al Sector Salud en 2012, cuando Tomás “R” era secretario de Finanzas en la administración del ex gobernador Javier Duarte.
Sin embargo, lo que llama la atención es que ni el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ni la FGE hayan procedido también por otros casos de presunto daño patrimonial al erario del estado.
Y es que luego de haber renunciado a la Sefiplan en 2012, Tomás “R” regresó sorpresivamente al gobierno del estado para operar desde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) la renegociación del título de concesión para la explotación del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos de 37 a 45 años, con una ganancia adicional por tarifas de por lo menos 5 mil millones de pesos para el consorcio operador, con mayoría de acciones de la empresa española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), una firma especializada en infraestructura del transporte hídrico, cuyo socio mayoritario es el magnate mexicano Carlos Slim Helú, actualmente muy cercano al gobierno de la 4T, para el cual construye uno de los tramos del polémico Tren Maya.
Sospechosamente, a este megafraude que involucró a las últimas tres administraciones priistas –las de los ex gobernadores Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa–, el ex mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, de la alianza PAN-PRD, y su titular de la SIOP, el actual senador Julen Rementería del Puerto, tampoco le prestaron mucha atención pese a que en junio de 2015 la bancada de Acción Nacional en la LXIII Legislatura local, de la que Rementería formó parte, había votado en contra de la renegociación de este título de concesión que originalmente había sido otorgado el 22 de septiembre de 2004 a Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos.
Inclusive, el ex dirigente panista Joaquín Guzmán Avilés, como coordinador del grupo legislativo blanquiazul, reprochó en esa ocasión a los diputados del PRI que “lo que están haciendo es un albazo, están tratando de dejar al estado sepultado, sobre todo financieramente quebrado, totalmente.”
Y es que este decreto autorizaba concluir el túnel en un plazo no mayor de 12 meses –a partir de septiembre de 2015– y que la nueva concesionaria aportara los recursos necesarios para la terminación de la obra, alrededor de 600 millones de pesos, una inversión mínima comparada con los recursos que en los últimos diez años le había inyectado el Gobierno del Estado, pues de los 2 mil 066 millones de pesos invertidos inicialmente en 2004 había pasado a 4 mil 913 millones a finales de 2014.
SALE NACHO OVALLE DE SEGALMEX
Ayer, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Leonel Cota Montaño como nuevo director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Cota Montaño sustituye a Ignacio Ovalle Fernández, quien a su vez fue designado por López Obrador como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Leonel Cota, quien fue dirigente nacional del PRD y gobernador de Baja California Sur, se venía desempeñando en la administración obradorista como secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El cambio de Ovalle se da ante la indagatoria de una red de corrupción dentro de Segalmex, institución conformada por Diconsa y Liconsa.
Tan solo en la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades en Segalmex y sus empresas que ascienden a ocho mil 600 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades en el uso de recursos para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, por lo que ordenó a Segalmex, Diconsa y Liconsa, realizar una fiscalización en estos periodos.
En ese momento, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para garantizar la legalidad y transparencia de los procedimientos jurídicos, separó de su cargo a varios servidores públicos, además de solicitar la intervención jurídica y administrativa en estas instancias.
Para el correcto desarrollo de las investigaciones, designó temporalmente a Juan Francisco Mora Anaya, quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, como responsable de las Direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa.
Habrá que ver qué repercusiones tendrá en Veracruz la salida de Nacho Ovalle de Segalmex, pues uno de sus colaboradores de más confianza es el caballeroso político cuenqueño Sergio Villasana Delfín, quien desde el inicio de la administración obradorista está a cargo de la Gerencia Regional Golfo de DICONSA, S.A. de C.V., con sede en la capital veracruzana.