Aunque corre la versión de un supuesto enfriamiento en la relación del gobernador Cuitláhuac García con su secretario de Gobierno, Eric Cisneros –lo que ha hecho suponer que el titular de la Segob podría correr la misma suerte de su homólogo del estado de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, a quien este martes el gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco, destituyó junto con José Manuel Sanz Rivera, influyente ex mánager del ex futbolista que se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Gubernatura–, lo cierto es que a diferencia del morelense, el mandatario veracruzano y el hombre fuerte de su gabinete han logrado un mejor blindaje político por su absoluto control del Congreso local.
García Jiménez y Cisneros, por ejemplo, en coordinación con el líder de la Cámara de Diputados, Juan Javier Gómez Cazarín, maniobraron para que con el obligado voto de la mayoría calificada, la bancada morenista y sus aliados en el Congreso local suspendieran al fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz e impusieran en su lugar, inicialmente como fiscal interina, a Verónica Hernández Giadáns, una incondicional que hasta septiembre de 2019 se desempeñó como directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno.
A ello se atribuye, verbigracia, que el titular de la Segob se haya sostenido en su cargo pese al video que circuló en redes sociales en enero pasado, en el que aparece un supuesto sobrino de Cisneros que es interrogado por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual les confiesa que fue traído de Quintana Roo por su presunto tío y que le entregó armas, droga y 5 millones de pesos para “calentar la plaza” de la Cuenca del Papaloapan en apoyo del Cartel de Sinaloa, rival del CJNG.
En cambio, Cuauhtémoc Blanco está bailando en la tablita, ya que este lunes 2 de mayo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos presentó en el Congreso estatal una solicitud de juicio de procedencia en su contra por tres presuntos delitos que se le imputan desde 2014, aparte de otra carpeta de investigación que le inició por la fotografía en la que el mandatario morelense figura posando con tres presuntos líderes de la delincuencia organizada en la oficina parroquial de la iglesia de La Asunción de María, en Yautepec, como lo reveló El Sol de México el pasado 4 de enero.
Si bien el ex jugador de los clubes América y Tiburones Rojos de Veracruz no cuenta con mayoría calificada en el Congreso del Estado para destituir al fiscal general Uriel Carmona Gándara, que en 2018 le heredó su antecesor Graco Ramírez Abreu, del PRD, el gobernador de la alianza PES-Morena-PT sabe que tampoco la oposición alcanza los 14 de los 20 votos del Congreso que como mínimo exige la Constitución Política local para desaforarlo y someterlo a juicio penal.
Y es que la actual composición del legislativo morelense está dividida en dos partes: la que conforman Morena, el PES y el PT, que suman en total nueve diputados, y el bloque conformado por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas, con 11 legisladores, por lo que ninguna de las partes alcanza mayoría calificada.
Por eso, ante los señalamientos contra su gobierno y contra él mismo por corrupción, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, Cuauhtémoc Blanco decidió cesar de sus funciones a sus dos hombres de confianza, lo que en Veracruz Cuitláhuac García no se ha visto forzado a hacerlo.
¿Acaso así se lo habrán sugerido al ex seleccionado nacional en el puerto de Veracruz, donde sorpresivamente apareció en el acto que el pasado jueves 21 de abril encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo? Porque aparte de las indagatorias que le inició la Fiscalía General del Estado de Morelos, Cuauhtémoc fue denunciado también a principios de enero de este año en la Fiscalía General de la República (FGR) por su ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, en cuya denuncia con el folio 002316 señala al gobernador de tener vínculos con la delincuencia organizada, así como delitos contra la salud.
Además fue denunciado en 2020 ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por depósitos y transferencias sospechosas que rebasan los 500 millones de pesos, en los que fueron implicados también el ex secretario de Gobierno, Ojeda Cárdenas, y el ex jefe de la Oficina de la Gubernatura, Sanz Rivera, los hombres de mayor confianza de los que tuvo que desprenderse.