El título de la extraordinaria novela del escritor cubano Leonardo Padura sirve muy bien para hablar de una historia, la de don Manuel Rozada Cuéllar, que de haber comenzado como un acto desinteresado de amor por los animales y rescate de perros en situación de calle, hoy está convertida en un pleito jurídico y político, en el que los perros son utilizados, por una parte de los herederos de don Manuel, para lucrar económicamente y apropiarse de millonarias ganancias que genera la Fundación que lleva su nombre y que fue una de las primeras asociaciones civiles en México constituidas legalmente para promover el rescate y adopción de canes abandonados en la Ciudad de México.
Pionero en un tema que con los años se volvería una causa social en el país y en todo el mundo, Manuel Rozada Cuéllar comenzó a rescatar perros sin dueño después del temblor de 1985 en el antiguo Distrito Federal. “Se percató que muchos perritos quedaron en el desamparo; en un afán de ayuda empezó a llevarlos a su casa para alimentarlos, darles cuidado y albergue. Cada vez que encontraba uno, lo traía a casa y cuando se dio cuenta contaba con más de 600 perritos”, cuenta la historia de la página oficial de la fundación creada en los años 80 por don Manuel, que comenzó con un albergue construido con el patrimonio de su creador y que hoy cuenta con su sede en Cuautitlán, Estado de México, donde tienen más de mil perros que son rescatados, alimentados y dados en adopción.
Con los años la Fundación Rozada Cuéllar se convirtió también en un negocio que, con nobles intenciones, generaba ingresos millonarios por las generosas donaciones de la sociedad civil, pero también por las cuotas de adopción (500 pesos por perro talla chica, 1000 por talla mediana y 1,500 por los grandes). La mayoría de sus ingresos se reinvertían en el mantenimiento de sus refugios caninos y, sobre todo, en la compra de los alimentos e insumos que demandan los perros. Eso fue así hasta que en junio de 2013 falleció don Manuel Rozada y comenzó entonces una seria de prácticas irregulares, malos manejos de la administración y los recursos de la Asociación Civil Manuel Rozada Cuéllar atribuidos a su sobrina María de Lourdes Rozada Morales y a su esposo Alejandro Rodríguez Valdés, quienes tras la muerte del padre y fundador se asumieron como los únicos administradores y representantes no solo de los tres albergues caninos, sino como albaceas del resto de los bienes que dejó su tío.
Pero resulta que la sobrina no tenía facultades legales para representar a la empresa y mucho menos manejar los millonarios recursos que genera, pues cuando se constituyó la Asociación Civil, en octubre de 2010, ella quedó como una de las asociadas, junto con su padre y con el abogado Enrique Burgos Ordóñez y, según quedó asentado en el acta constitutiva, además del fundador, Manuel Rozada Cuéllar, el único que quedó acreditado como representante de la Asociación y la Fundación fue el abogado Burgos Ordóñez.
Esto detonó un pleito legal que lleva ya 9 años y en el cual se ha denunciado a María de Lourdes Rozada y a su hermano Pedro Rozada Morales, de haber utilizado “influencias políticas” del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, quien ocupó el cargo en el sexenio de Felipe Calderón. Alessio habría utilizado sus influencias para validar en su notaría, el pasado 12 de abril de 2021, que los dos sobrinos modificaran el Acta Constitutiva, sin la presencia del representante legal Burgos Ordóñez, que incluyeran además a sus padres y a un hijo de María Lourdes como asociados y que, después se ostentaran como los apoderados y albaceas de la sucesión de su padre y se presentaran, junto con el notario Alessio, ante los arrendatarios de distintos bienes que forman parte de la sucesión del señor Manuel Rozada para exigir y cobrar rentas y adeudos atrasados.
Hoy se publica en las páginas de este mismo diario un desplegado dirigido al Presidente López Obrador, a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfredo del Mazo, además de otras autoridades judiciales y a las asociaciones protectoras y defensoras de animales, en el que el abogado Enrique Burgos Ordóñez acusa a los hijos de don Manuel Rozada, de cometer delitos de fraude procesal y extorsión, al ostentarse como ”apoderados y albaceas de la sucesión, a sabiendas de que estaban cometiendo una ilegalidad al no respetar lo acordado en los actos legales de la creación de la Asociación y al cobrar rentas y exigir que los depósitos bancarios de la Fundación y otros negocios se realicen a cuentas bancarias personales y no de la Asociación”.
El desplegado acusa que “los hermanos Rozada Morales recibieron aproximadamente 5 millones de pesos de rentas atrasadas y traspaso de un local y el mismo 12 de abril se realizaron movimientos bancarios por más de 600 mil pesos en efectivo, los cuales no fueron reconocidos por el albacea (Enrique Burgos), ya que dichos recursos estaban destinados a la compra de alimentos para perros y gatos de los albergues”. Además, en un afán total de lucro, la señora Rozada Morales aprobó la compra de la empresa Canotec, propiedad de su esposo Alejandro Rodríguez, para que fuera la encargada de abastecer el alimento de los perros para los tres albergues que maneja la fundación.
El pleito seguirá por vías jurídicas y con denuncias ya interpuestas en las que incluso se habla de “fallos manipulados” de jueces como la licenciada Araceli Cortés Eslava, actual juez interina del caso y que ha favorecido a los hermanos Rozada Morales liberándoles incluso cuentas y recursos que estaban embargados por el proceso. Pero lo que está de por medio, mientras los humanos se pelean como perros y gatos, es literalmente la supervivencia de los animales rescatados a los que se dejó de alimentar y cuidar provocando muertes y enfermedades en los albergues de la fundación. Hoy no hay claridad sobre el destino de los recursos que recibe la asociación civil Manuel Rozada Cuellar ni del dinero que obtiene por la adopción de perros y gatos. Y así, la historia del hombre que amaba a los perros, hoy termina en denuncias contra personajes que, lejos de ser protectores, parecen más bien lucradores de los animales.