Con información de XEU
Procede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del decreto que extingue el fideicomiso del Acuario de Veracruz, porque la acción representa una responsabilidad de naturaleza penal federal, aparte del delito de despojo, opina el licenciado Fidel Guillermo Ordóñez Solana, titular del Despacho Ordóñez, Ordóñez y Téllez, abogados asociados.
En declaraciones a XEU Noticias, el jurista señala que “se trata de un delito federal, ahora cometido directamente por el gobernador de Veracruz. Le compete a la Fiscalía General de la República porque no es del fuero común, no le toca a su fiscalía, le toca a la FGR, por el margen de competencia, porque se habla de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, eso ya es federal, se habla del fideicomiso y las reglas de los fideicomisos también son de naturaleza federal”.
Las omisiones del decreto lo hacen susceptible de anularse, como la incertidumbre en que deja a los trabajadores, porque “el decreto en ningún momento habla ni de sustitución laboral, eso es más que suficiente para que el decreto sea nulo, no habla de la forma en que se van a extinguir las relaciones laborales, no habla de la forma en que se debe de liquidar al personal, no habla de la reserva de los derechos laborales del personal”.
Igualmente, aunque el Gobierno del Estado es el propietario del inmueble, desde 1992 fue cedido a una fiduciaria y los permisos de operación federales están otorgados a nombre del fideicomiso y de la Asociación civil y no pueden pasar por arte de magia al Gobierno del Estado de Veracruz”.
Por otro lado, el decreto tampoco resuelve qué pasará con los animales y la administración de los ejemplares. Las autorizaciones federales no están otorgadas al gobierno del estado sino a la asociación civil que administra el Acuario de Veracruz.
El gobierno ya había renunciado a su derecho porque en 2020 había emitido un decreto en el que argumentó que el fideicomiso no se podría extinguir. Antes, en 2006 el fideicomiso se reformó y se hizo un blindaje jurídico, por lo que el Gobierno del Estado no puede participar extinguiendo algo de lo cual ya no tiene el derecho, esa renuncia del derecho que se hizo, sin perder la propiedad de los inmuebles, significa que todas las reglas de operación que son federales pertenecen a la persona moral que opera el Acuario de Veracruz, continuó explicando Ordóñez Solana.
Al final, la decisión que toma el gobernador le puede repercutir «como un arma política en contra de él…. seguramente vienen juicios y esta historia no termina ahora, terminará devolviéndole todo su derecho al patronato que ha operado el Acuario de Veracruz”.
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