Las estadísticas son pavorosas: en los tres años seis meses del actual gobierno se han cometido 121 mil 642 homicidios dolosos, ya arriba de los 120 mil 463 registrados en todo el gobierno de Felipe Calderón, a quien atribuyen dolorosas culpas por “haber iniciado la guerra contra la delincuencia organizada”. No obstante, pese a las críticas enderezadas contra Calderón nada se ha hecho para corregir y aplicar estrategias adecuadas para abatir los índices delincuenciales y sí, por lo contrario, se ha tejido una complicada red de omisiones gubernamentales que invitan a la especulación respecto a posibles complicidades con las células criminales. Pese al evidente fracaso de la “estrategia” sustentada en los “abrazos y no balazos” no parece haber voluntad para rectificar el rumbo, aunque es hiriente la realidad donde se contabilizan sangrientos enfrentamientos y dolorosas víctimas inocentes. Ahora mismo, la Iglesia ha sido víctima de la ola delictiva porque dos de sus sacerdotes de la orden jesuita han sido asesinados en la sierra Tarahumara, en Chihuahua, motivo por el cual clama contra la impunidad, y porque simultáneamente cuatro turistas fueron privados de su libertad en la misma región. En días pasados el presidente López Obrador expuso su diagnóstico respecto a la delincuencia en las entidades federativas: en los estados donde impera un solo cártel son más bajos los índices delictivos, ese es un silogismo muy preocupante porque recuerda aquello de la “Paz Narca” en anteriores periodos de gobierno, cuando pese a todo el Estado mantenía el control de la situación, sin embargo, al parecer tal condición se ha trastocado porque ahora las células delincuenciales actúan como dueñas de la situación en los territorios que poco a poco han ido arrebatando al Estado Mexicano. Mientras eso sucede, en fiel seguimiento al principio de que en México un político es todólogo AMLO designó a la ex alcaldesa priista de Escobedo, y excandidata perdedora de MORENA al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y en consecuencia, es obvio, no es posible esperar cambios sustantivos en materia de seguridad pública.