La obra pública es uno de los aspectos que ha complicado mucho la llegada de la democracia al país. Son ya muchas las historias de proyectos fallidos. El problema no parece ser de un sexenio u otro, sino francamente estructural.
¿Qué está pasando?
Que el Estado, por diversas razones, no puede construir las obras que el país requiere. Y me refiero a las grandes obras. Las que tendrían un impacto enorme para mejorar la competitividad económica. No una carretera, sino algo más complejo como un aeropuerto que sirva de hub, es decir, centro de conectividad hacia otros destinos.
La Ciudad de México, por su importancia y localización, sería un hub ideal. Sin embargo, durante la democracia, no se ha podido resolver ni siquiera la saturación de la ciudad como destino.
Fox trató de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco. Su gobierno operó pésimamente el tema de la expropiación de las tierras. Las comunidades ejidales de San Salvador Atenco, azuzadas por la oposición, protestaron sacando los machetes por delante. El presidente se asustó y canceló el proyecto.
Calderón, silenciosamente, fue adquiriendo las tierras para el aeropuerto en Texcoco, labor que terminó Peña, a quien le tocó iniciar la construcción de este hub que sería de clase mundial. Ya sabemos qué pasó. López Obrador canceló la obra y, en su lugar, edificó una nueva terminal en Santa Lucía, ya inaugurada, y que nadie quiere usar. Hoy está subutilizada y no ha resuelto, de nuevo, la sobresaturación del aeropuerto capitalino.
Veamos las refinerías. Económicamente no tiene sentido construirlas. Son malos negocios. Pero a los gobiernos, en la democracia, les ha atraído este tipo de plantas. Lucen, pero cuestan una fortuna.
Tanto como un aeropuerto hub de clase mundial.
Calderón quiso construir una en Hidalgo. Afortunadamente se vino la crisis económica mundial, el gobierno se quedó sin dinero y decidieron cancelarla. Sólo se edificó una barda.
De nuevo ya sabemos qué pasó. Llegó López Obrador y se empeñó en construir una refinería en su estado. Va a costar una fortuna. Mucho más de lo que se presupuestó. Difícilmente producirá muchos refinados durante este sexenio. Y, me atrevo a decirlo y apostarlo, los contribuyentes nunca recuperaremos los miles de millones de dólares que costará su construcción.
Calderón reculó con la refinería (qué bueno), pero sí ayudó financieramente a la edificación de la Línea 12 del Metro, proyecto a cargo del gobierno de Marcelo Ebrard en la capital.
Otra vez ya sabemos qué pasó. La construyeron mal y rápido.
A la postre, un tramo elevado se cayó matando a 26 personas.
Un año después, esta línea sigue sin operar y, por cierto, no hay ningún responsable en la cárcel por el “accidente”.
Los trenes, al igual que las refinerías, son del gusto de los políticos. Peña comenzó a construir uno de la Ciudad de México a Toluca. Le tocaba a su estado una buena derrama económica. Acabó el sexenio, pero no la obra. Nunca resolvieron todos los derechos de vía. Hoy todavía no funciona. Se supone que comenzará a operar en 2023 a un costo 173% mayor que el presupuestado.
Y lo mismo pasará con el Tren Maya de López Obrador. Amén de los sobrecostos, todavía no se tienen todos los derechos de vía asegurados.
La construcción del Tramo 5, quizá el más importante, está parada por una orden judicial. El gobierno no tenía la manifestación de impacto ambiental. El Ejército trabaja a marchas forzadas en otros tramos. Algunos se terminarán, otros se “medio” terminarán este sexenio. Dato real: en pleno siglo XXI, la mitad del recorrido será con locomotoras eléctricas y, la otra mitad, con motores de diésel.
Dije arriba que no me iba a referir a proyectos relativamente simples como una carretera. Pero es que también hay caminos que los gobiernos democráticos no han podido resolver. Hace ya más de doce años, con tres presidentes de por medio, no se ha inaugurado la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido. Comunidades se han opuesto por la mala gestión en la gestión de los derechos de vía.
La realidad es que el Estado democrático ha fracasado una y otra vez en materia de obra pública. Son múltiples los problemas: mala planeación, ejecución deficiente en la adquisición de los terrenos, presiones sociales, prisas por terminar antes que el sexenio, caprichos políticos, sobreprecios y mala administración. Ya son varios sexenios que esto ha ocurrido por lo que debemos decir que tenemos un problema estructural. En una nuez, creo que la obra pública se ha politizado de más cuando debía ser un tema fundamentalmente técnico.