De los muchos escándalos políticos y de corrupción que mancharon y afectaron a su gobierno, sin duda uno de los más graves que enfrentó el presidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio fue la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural “Isidro Burgos” el 26 de septiembre de 2014.
Aquella noche de Iguala, que a la postre se conocería como el “Caso Ayotzinapa” está a punto de cumplir 8 años en septiembre próximo y todavía sigue siendo no sólo una investigación no resuelta y un rompecabezas que no encaja, sino que continúa generando un movimiento político que trascendió al sexenio peñista y hoy es un problema para el gobierno de López Obrador, que hoy enfrenta las demandas y exigencias de los padres de los estudiantes desaparecidos.
Y mientras en las nuevas investigaciones que realiza este gobierno, bajo la Coordinación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CovaJ-Ayotzinapa) con las que se busca sustituir totalmente a la “verdad histórica” del gobierno peñista con nuevas acusaciones y órdenes de aprehensión e incluso llegar hasta los verdaderos móviles y hasta dar con el paradero de los 43 normalistas, se escucha que la Fiscalía General de la República va a solicitar en los próximos días nuevas órdenes de aprehensión y captura contra exmandos de la extinta PGR, que fue la primera encargada de las investigaciones, por anomalías cometidas en el Caso Ayotzinapa.
Se menciona por ejemplo el nombre del exfiscal antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien estuvo al frente de las investigaciones del caso de 2014 a 2016, como uno de los que podrían ser acusados, y que se sumaría a la orden de aprehensión pendiente en contra del exsubprocurador Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo de la justicia y exiliado en Israel, donde México no tiene tratado de extradición, aunque ha habido ya varias peticiones y gestiones de la FGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedirles que el exfuncionario prófugo sea entregado a la justicia mexicana.
Pero la paradoja es que mientras las nuevas investigaciones de la CovaJ-Ayotzinapa apuntan hacia los exfuncionarios de la extinta PGR, a quienes acusa de haber manipulado y tergiversado las indagatorias y peritajes oficiales, hay un personaje que, a pesar de haber sido clave en los hechos de septiembre de 2014, nunca fue involucrado por el gobierno de Peña Nieto y fue hasta esta administración cuando lo llamaron a declarar sobre Ayotzinapa: el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Aguirre hoy se mueve de lo más tranquilo y se le ve lo mismo en lujosos restaurantes de la Ciudad de México con sus camionetas Suburban blindadas y sus varios escoltas, que organizando actividades sociales y políticas en su natal Guerrero. Hace unos días comió en el restaurante San Angel Inn con su sucesor priista, Héctor Astudillo, y en repetidas declaraciones y entrevistas el exgobernador, que dirigía el estado cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, ha dicho: “Yo tengo la conciencia tranquila” y ha sugerido que se investigue a personajes del gobierno peñista “a los que no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa”, entre los que menciona al exprocurador Murillo Karam, al extitular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y al exdirector del Cisen, Eugenio Ímaz, según dijo en octubre de 2021 en una reunión con empresarios en Acapulco.
El exgobernador acudió el 17 de septiembre de 2019 a una reunión con la CovaJ-Ayotzinapa en la Secretaría de Gobernación, en donde habló de los hechos de 2014 en Iguala ante el subsecretario Alejandro Encinas y varios de los padres de los normalistas. “Vamos a contribuir porque por primera vez se nos invita, no nos habían escuchado, el presidente Enrique Peña Nieto siempre se negó a recibirme para conocer mi versión, porque decía que era un asunto de carácter local, no dimensionaron la magnitud de esta tragedia que tuvo alcances internacionales”, declaró Aguirre Rivero aquel día antes de entrar al encuentro en la Segob, durante el cual fue increpado en varias ocasiones por los padres presentes.
Ahí, Ángel Aguirre, quien fue obligado a pedir licencia a la gubernatura un mes después de la desaparición de los normalistas, el 24 de octubre de 2014, les dijo a los padres y a Encinas que se debe ubicar y revelar la identidad de “El Patrón”, personaje que dio la orden de secuestrar y desaparecer a los 43 estudiantes y que aparece referido en varias llamadas telefónicas realizadas la noche del 26 de septiembre tras los hechos de Iguala. Según comentó él mismo al salir de la reunión a los reporteros, el subsecretario Encinas se comprometió a solicitar los expedientes en donde se refería al mencionado “Patrón”. Lo curioso es que cuando al exgobernador le preguntaron sobre la identidad de dicho personaje, él les respondió “no me corresponde a mí revelar su identidad”.
En todo caso Ángel Aguirre Rivero, quien ha dicho que él es el primer interesado en que se esclarezca la verdad en este caso “que ha sido una pesada losa para mí en estos 7 años” y ha comentado que la Fiscalía a su cargo en el gobierno estatal, que encabezó el fiscal Iñaki Blanco, fue la única que investigó y encarceló a varios presuntos responsables que todavía siguen en la cárcel, fue sin duda un político afortunado o más bien “blindado” en su momento para que no se le acusara de una desaparición ocurrida durante su mandato.
Algo muy fuerte debe haber sabido el gobernador de Guerrero en aquel 2014 para que el presidente Enrique Peña Nieto se negara a imputarlo y a que fuera acusado e investigado tras la desaparición de los normalistas. Porque hoy, casi 8 años después, se sabe por fuentes fidedignas, que unos días después de la desaparición de los 43 normalistas, en una reunión en Los Pinos, Peña pidió la opinión de las fuerzas armadas. Ahí estaban en la reunión el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y el almirante secretario de Marina, Vidal Soberón. Los dos le recomendaron al presidente “detener e investigar al gobernador Aguirre Rivero” y le dijeron que había elementos para hacerlo, según los datos e investigaciones de la inteligencia militar.
Peña se quedó pensando y después de revisar la información que le presentaron los mandos castrenses, dijo tajante, sin dar mayor explicación: “No puedo acusarlo y menos detenerlo”. Y lo que vino después de esa decisión de Peña Nieto todavía hoy, casi 8 años después, lo persigue incluso en la tranquilidad de su cómodo exilio en Madrid.
NOTAS INDISCRETAS… Mientras Morena ya empieza los preparativos para levantar su encuesta interna, con la que definirá su candidata o candidato a la gubernatura del Estado de México, en el PRI ya todos dan por hecho que su candidata en 2023 será una mujer y sólo falta saber el nombre: o es Ana Lilia Herrera, la senadora que está con todo en pos de la nominación, argumentando su experiencia política y sus números electorales impecables, o es la secretaria de Desarrollo Social estatal, Alejandra del Moral, a quien también ya se le ve echada para adelante y que representa una cara fresca para el acartonado priismo mexiquense. La diferencia entre Morena y el PRI es que mientras los morenistas ya saben y tienen muy claro quién va a decidir, más allá de la encuesta, en la que se medirán a unos cuatro aspirantes (Delfina Gómez, Horacio Duarte, Fernando Vilchis, Pedro Zenteno y posiblemente Mariela Gutiérrez), en el PRI aún hay incertidumbre sobre cómo se definirá el nombre de la candidata, si será el CEN del PRI, es decir el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, a quien corresponde según los estatutos, o si Alito le va a dejar la decisión y la preminencia al gobernador Alfredo del Mazo, tal y como lo ha pedido el propio mandatario estatal y los exdirigentes nacionales del PRI. En fin, que si los priistas se alentan y no resuelven rápido, Morena, que ya tendrá candidata o candidato oficial y definido el 20 de julio, es decir, en 15 días, les puede comer el mandado a los tricolores, a los que les afectan las disputas internas, las diferencias entre Alito y Del Mazo y hasta la falta de un método claro para definir sus candidaturas… Los dados mandan Escalera Doble y ofrecen una disculpa a los lectores por la ausencia involuntaria de dos entregas de esta columna por motivos de salud. Subimos.