martes, agosto 16, 2022

El Presidente, protegido por el Poder Judicial y la CNDH, insulta, difama y lincha a periodistas y medios porque no le gusta su abordaje crítico a temas públicos.

Piden cárcel para periodistas

La exasperación del gobierno por la violencia es notoria en la forma como el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de justificar lo injustificable. Sí hacen mucho, pero nadie lo quiere ver. Sí disminuye la violencia, aunque los datos del gobierno lo desmienten. Antes no hacían lo que nosotros, como entregar gratuitamente territorio nacional a las organizaciones criminales. Hemos bajado los delitos del fuero federal, porque no enfrentan, por lo que no hay detenciones ni se abren investigaciones por delitos contra la salud. En homicidios dolosos es el peor sexenio a la fecha en la historia. López Obrador parece creer que si detiene su bicicleta el mundo hará lo mismo para que no se caiga. No se ha dado cuenta de que está en el suelo.

Hace unas semanas, en una reunión con sus colaboradores, mostró su desinterés por el tema con otra de sus ocurrencias. ¿Por qué no contratan a un asesor que les diga cómo reducir la violencia?, preguntó. Nadie respondió. El tema, en el fondo, no le interesa. Las incidencias delictivas que le reportan diariamente en la reunión de seguridad se han convertido en un trámite, más que en una guía para actuar. Le preocupa, sin embargo, que la violencia siga impactando a su gobierno y traslade el daño a quienes pretenden sucederlo. ¿Qué hacer?

Sin saberse si fue voluntario o por encargo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encontró una fórmula: si la violencia no puede acallarse, hay que silenciar a la prensa. El 6 de junio pasado publicó enmiendas al artículo 167 quáter del Código Penal del estado, donde incorpora el decreto 40, que establece:

“Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presenten, sea en el lugar de los hechos o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

Durazo se abrogó la facultad para censurar la cobertura periodística por la vía penal. Su decretazo colocó a Sonora, cuando menos por ahora, en el mismo nivel de las dictaduras, donde lo que no le gusta al gobierno lo reprime penalmente. No encontró el gobernador, arquitecto de la nula estrategia de seguridad del gobierno federal, mejor salida para ocultar la violencia en Sonora que, como su jefe político, tampoco enfrenta. Intentarlo como quiere es una tontería. El sol de fuego criminal siempre rebasará su dedo que lo quiere tapar.

Su actitud, sin embargo, es preocupante por la tendencia de intimidación y aplicación de los instrumentos represores del gobierno contra periodistas. Contra lo que dice el Presidente ya no hace, el Centro Nacional de Inteligencia tiene un abanico de unos 3 mil móviles en escucha permanente –se desconoce cuántos tienen autorización judicial–, donde incluye a varios columnistas. La Fiscalía General de la República, que tiene abierta una investigación en contra del columnista Mario Maldonado por difundir un material publicado en YouTube, piensa abrir otras contra comunicadores que revelen los entretelones en los que se maneja el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Las tendencias autoritarias del régimen han pasado de los dichos presidenciales a las acciones legales. Al reaccionar al decreto 40 de Durazo, las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y Artículo 19 señalaron, en un comunicado, que las modificaciones al Código Penal no cumplen con los objetivos legítimos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de ésta, sino que generaban un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad.

“Las conductas que castiga este decreto son tantas, que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la misma, en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar”, agregaron. “Los conceptos que utiliza son tan abiertos como ‘compartir’, ‘enviar’ o ‘difundir’, que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquier persona que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban”.

El decreto 40 es una enmienda al Código Penal de Sonora que hay que combatir para que el Congreso estatal lo derogue. El problema es que la actual legislatura está casi 3 a 1 de Morena y sus aliados contra la oposición. Esto significa que por ahí no habrá ningún dique. Desde hace dos años Morena ha buscado fórmulas para censurar a la prensa. Propuso un Comité de Autorregulación de la Prensa en el Senado –un comité similar existe en el Reino Unido, pero organizado y financiado por los medios– y regular las redes sociales. El Presidente, protegido por el Poder Judicial y la CNDH, insulta, difama y lincha a periodistas y medios porque no le gusta su abordaje crítico a temas públicos.

La violencia en el país, mientras tanto, se incrementa. El número de asesinatos sigue creciendo. López Obrador sigue insistiendo en que es culpa de un gobierno que dejó de serlo hace casi 10 años. La prensa, en lo general, no se ha hincado ante él y sigue reportando cómo el país se pinta cada vez más de rojo. La confrontación con el Presidente no parará, y sus ataques animan a que otros lo imiten de manera más salvaje: 12 periodistas muertos en lo que va del año es una prueba, aunque a él se le revuelva el estómago.

Nota: En la columna del lunes, incorrectamente se indicó que hay leyes federales sobre el aborto. Son leyes estatales y resoluciones de la Suprema Corte que establecen precedentes nacionales.

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