Agencias/Sociedad 3.0
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a los aspirantes presidenciales de Morena abstenerse de realizar, organizar y convocar a actos proselitistas masivos, semejantes a los que realizaron en el Estado de México y Coahuila porque podrían influir de manera ilícita en los proceso electorales de 2023 y 2024.
Con cuatro votos a favor y tres en contra, los magistrados resolvieron en una sesión privada que se respeten las medidas «cautelares de tutela preventiva ordenadas a personas servidoras públicas con motivo de actos que podrían ser ilícitos en el marco de los próximos procesos locales en el Estado de México y Coahuila, así como el federal».
La Sala Superior del Tribunal señaló, que las medidas cautelares sólo aplicarán para aquellos funcionarios que participaron en el acto denunciado en Coahuila, por lo que queda fuera de la sanción el canciller Marcelo Ebrard.
La tutela preventiva aplicará para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el senador Ricardo Monreal; el diputado Ignacio Mier; la diputada Aleida Alavez; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; y el líder nacional de Morena, Mario Delgado.
Estos servidores públicas deben abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales a los mencionados, indica la sentencia.
«La Comisión de Quejas sí valoró la posibilidad de que la conducta ilícita se repita, al tomar en cuenta un evento denunciado con anterioridad y la actitud de las personas denunciadas frente a las infracciones denunciadas, lo que podría generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios», indica.
Y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ya había ordenado, como medida cautelar de tutela preventiva, a Morena, a su presidente nacional y a diversas personas realizar, convocar y participar en eventos iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales.