El año pasado un alto representante del Departamento de Estado Norteamericano reveló que en México una tercera parte del territorio nacional está ya bajo el imperio de los grupos delincuenciales; no se oyeron voces autorizadas en nuestro país desmintiendo aquella versión; sin embargo, en el transcurso del proceso electoral de 2021 por el que se eligieron gobernadores y autoridades municipales en varias entidades ubicadas en el Pacífico mexicano se manifestaron signos preocupantes de la injerencia del crimen organizado en favor de algunos de los candidatos, que por cierto resultaron los vencedores en aquella justa electoral. Es preocupante el contenido de los diferentes reportajes periodísticos que han puesto al descubierto los nexos del ya finado Sergio Carmona, el empresario, supuestamente ligado con el crimen organizado, a quien se atribuyó haber financiado suculentamente al partido oficial en la lógica de obtener triunfos electorales en Tamaulipas y otras entidades en donde se celebraron elecciones en 2021, (también señalan a Mario Delgado, dirigente formal de MoReNa como uno de los usufructuarios del avión propiedad del referido Sergio Carmona). Los recientes acontecimientos de acentuada violencia en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Baja California, aparte de las víctimas inocentes y los cuantiosos daños materiales que ocasionan, guardan un preocupante significado porque revelan que el Estado Mexicano está siendo puesto a prueba por la delincuencia organizada, y a la vez está revelando su apropiación dominante de amplias porciones del territorio nacional. Lamentablemente ese acontecer lacera y afecta el ritmo empresarial, con obvias consecuencias para nuestra economía ya de por sí abrumada por una inflación que no cede. La interrogante final está en el aire: ¿tiene capacidad el gobierno (la expresión político-administrativa del Estado Mexicano) para enfrentar y detener la virulencia con la que actúan los grupos delincuenciales y a la vez recuperar el territorio perdido? Porque causa estupor escuchar a la alcaldesa de Tijuana cuando expresa: ‘Cobren las facturas a quienes no les pagaron’, sin raciocinar que se trata de ciudadanos víctimas de la extorsión, a cuya seguridad está obligada. Pero, al margen de filias y de fobias políticas e ideológicas, interesa a la sociedad mexicana que haya paz y tranquilidad en su entorno de convivencia, porque, si bien la explosión de violencia por esta ocasión estalló en las citadas entidades, nada ni nadie nos garantiza de estar exentos en Veracruz, Oaxaca o Tabasco, por ejemplo, de esos terribles brotes terroristas. De verdad, preocupa.