Agencias/Sociedad 3.0
Con 461 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución por lo que no se podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo.
Es decir, se elimina toda discriminación laboral de personas mayores en los sectores público y privado, de acuerdo con la minuta que se envió al Senado de la República.
Se destaca en el documento que existen evidencias de que la participación de la población adulta mayor tiene impactos positivos en la sociedad a nivel general, toda vez que aporta experiencia, productividad y vitalidad, tan solo por mencionar algunos elementos, a sus comunidades, centro de trabajo y familias.
Menciona que la exclusión laboral de las personas mayores no se da exclusivamente en el sector privado, sino en el sector público se han establecido limitaciones para el acceso a los cargos de más alto nivel jerárquico.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Karla María Rabelo Estrada, señaló que las personas adultas mayores enfrentan discriminación laboral y por ello se plantea actualizar la ley suprema con la finalidad de salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales bajo una perspectiva de progresividad; responde a una problemática nacional a la que se le debe dar respuesta.
Por ello, se proponen dos modificaciones para garantizar a las personas de la tercera edad el derecho al trabajo, sin que medie discriminación alguna, lo que implica que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación de un empleado.
De esta forma, agregó, se permitirá a las personas adultas mayores seguir participando en la vida laboral y económicamente productiva del país.
La panista Genoveva Huerta Villegas comentó que la reforma está dirigida a quienes se encuentran en el sector de personas mayores. “En el contexto de una severa crisis económica y la falta de empleo, es necesario garantizar el acceso y permanencia de las personas mayores al empleo para obtener mejores condiciones de vida y desarrollo”, dijo.
Se calcula que para 2050 se tendrán 32.4 millones de personas de 60 años o más, lo que significa que, de continuar con la tendencia actual, dicha población no será laboralmente activa, implicando un costo presupuestal mayor y reduciendo la calidad de vida.
“Es fundamental la reforma, debemos garantizar los derechos laborales de todas y todos, así como erradicar prejuicios que por edad generen discriminación”, destacó.