El 18 de agosto se dio a conocer el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Las partes claves de la historia ocurrida hace ocho años en Iguala estaban llenas de tachones en negro (“testadas”, como se dice elegantemente). Esto con el objeto de respetar el derecho al debido proceso de los presuntos involucrados cuando se judicializaran los hallazgos de la nueva investigación.
Después de leer este documento, supuse que detrás de esas partes ocultas estaba la nueva versión de los hechos. En mi artículo del 22 de agosto dije que esperaba que algún día se levantara el secreto para saber qué pasó y por qué el gobierno de López Obrador consideraba como un “crimen de Estado” la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
Bueno, pues alguien le filtró el documento sin testar a la periodista Peniley Ramírez, quien este fin de semana, en Reforma, publicó los hallazgos principales que se encontraban ocultos en el Informe.
Lo más revelador, una verdadera bomba, es que los cuerpos de los estudiantes no los quemaron y echaron sus cenizas en el río Cocula, como alegaba la “verdad histórica” del exprocurador Murillo Karam. Peniley Ramírez, con base en el Informe que le filtraron, corre el velo:
“Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo […] A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”.
Nótese la participación de “funcionarios y militares” en una acción coordinada con criminales para asesinar a los muchachos y, luego, esconder sus cadáveres, que podrían haber terminado nada menos que dentro del cuartel militar de Iguala.
Segundo, se confirma lo que ya había manifestado el subsecretario Alejandro Encinas en una conferencia mañanera y se encontraba oculto en el Informe testado. A saber, que seis de los 43 muchachos seguían vivos al amanecer del 27 de septiembre. “Los llevaron a una bodega cercana. Los asesinaron días después, por órdenes del entonces coronel del Ejército José Rodríguez”, confirma, así, la periodista lo divulgado por Encinas.
En suma, miembros del “pueblo uniformado” habrían conspirado y coadyuvado en el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Es un duro golpe para la imagen del Ejército en un momento crítico donde, por un lado, la castrense es la institución favorita del gobierno del Presidente, quien la ensalza cotidianamente. López Obrador se la pasa glorificando a las Fuerzas Armadas como ese fenomenal “pueblo uniformado”.
Por otro lado, el Congreso está discutiendo una reforma constitucional para extender el plazo de los militares en labores de seguridad pública. El lopezobradorismo argumenta que su Ejército, es decir el de ellos en el poder, a diferencia del pasado, es otro “pueblo uniformado”. Ahora son blancas palomitas. Todo era cuestión de cambiar al comandante en jefe, el Presidente, para que se pasaran al bando de los buenos.
Yo no creo en estas visiones maniqueístas. Para mí, no hay humanos intrínsecamente buenos o malos ni se pueden realizar transformaciones milagrosas. Los humanos, militares o civiles, no somos ningunos angelitos (James Madison dixit). Por tanto, requerimos de un gobierno con pesos y contrapesos institucionales a fin de evitar abusos de poder.
De ser cierta esta versión publicada por Ramírez, estaríamos frente a un abuso de poder de militares coludidos con el crimen organizado. Soldados participando en el homicidio de jóvenes inocentes y escondiendo sus cuerpos en sus cuarteles. Además, un gobierno, el de Peña Nieto, inventando una historia falsa para proteger a los militares. No por nada, nunca dejaron entrar a investigadores nacionales e internacionales al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Conclusiones: hay que perseguir judicialmente a todos los soldados involucrados, investigar el papel que jugó el mismísimo presidente Peña en el encubrimiento, abandonar la idea absurda que el Ejército es “pueblo uniformado” bueno y aceptar que los militares son seres humanos que necesitan ser controlados por civiles para que no abusen de su poder de fuego.