Justamente, un día antes del desfile militar del 16 de septiembre se entrega a las autoridades el general José Rodríguez Pérez, a quien el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en su condición de Presidente de la Comisión para la Verdad… acusó de haber ordenado la muerte y desaparición de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dos días antes, en Chilpancingo, una manifestación de protesta terminó por empujar un camión de la Coca-Cola contra el portón del Cuartel de zona militar y lo derribó; un día después una agresión análoga se dio contra el Cuartel de Iguala, si existe coincidencia, solo “allá adentro” lo saben. Ahora será interesante conocer las pruebas contundentes de aquella acusación, porque de su resultado indudablemente una de las partes no saldrá bien librada: pues la acusadora está obligada a aportar las pruebas de su dicho y de paso confirmar positivamente la Nueva Verdad sobre lo ocurrido en Ayotzinapa, y por su parte, el acusado se defenderá por su libertad y porque su condición militar lleva implícita en este caso el prestigio de una institución de muy elevado crédito en nuestro país. Según Encinas “la Verdad Histórica” no era verdad, aunque ciertamente no se haya aportado nada relevante para sostenerlo, excepto casos como el del general Rodríguez Pérez, quien era coronel cuando en 2014 tuvo el mando de la 27 Zona Militar. Ya iremos conociendo los elementos de su defensa, entre otros porque en esos tiempos las fuerzas armadas no contaban con el soporte constitucional para intervenir en manifestaciones públicas y reyertas estudiantiles. Por ahora, muchas cejas se habrán levantado al interior de la oficialidad del ejército al advertir que uno de los suyos es juzgado en tribunales civiles, pero en todo caso y en descargo de la militarización subyacente, esperamos sea buena señal para empezar a atender los cientos de denuncias registradas contra arbitrariedades cometidas por miembros de la Guardia Nacional. Fuero militar o fuero civil, he allí entre otros elementos lo que está en juego.