Agencias/Sociedad 3.0
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó hasta el jueves la votación sobre eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
A petición del ministro Luis María Aguilar Morales, quien añadió que ese día también se decida si debe retirar el proyecto para reelaborarlo y votarlo posteriormente.
“Pido que no se tome la votación hoy mismo, que se tome la próxima sesión que será el jueves para que a su vez me permitan analizar y reflexionar para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí, y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto; inclusive, con el deseo si debo retirar el proyecto para reelaborarlo o votarlo y hacer un proyecto de engrose”, dijo el ministro.
En tanto, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, señaló que no se trata de arrancar hojas de la Constitución ni inaplicar el articulo 19 de la Constitución, en donde se habla de la prisión preventiva oficiosa, pues esta norma no esta impugnada.
“Se ha dicho aquí no puedo inaplicar el articulo 19, con lo cual sí puedo inaplicar el primero. Escuché aquí ‘quién soy yo para arrancar páginas de la Constitución’. Quizás no para arrancar el articulo 19 pero ¿sí el 1 (que habla de que los mexicanos gozarán de sus derechos humanos)? No se trata de arrancar páginas de la Constitución ni siquiera de inaplicar una artículo de la Constitución, porque el artículo 19 no está impugnado”, dijo.
Enfatizó que la prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia y que en un estado democrático la única razón que justifica esta medida cautelar es que hay riesgo de fuga o pueda afectar a la integridad de las víctimas o testigos, pero en ningún caso se puede usar como “un castigo anticipado” ni como estrategia de política criminal.
Ayer, el ministro Luis María Aguilar aclaró que su proyecto solo analiza la prisión preventiva oficiosa, por lo que no se estudia si la prisión preventiva es o no válida o necesaria; tampoco, dijo, se propone que desaparezca, sino plantea que esta medida cautelar únicamente pueda ser dictada por el juez siempre que el Ministerio Público lo justifique.
Desde la semana pasada el gobierno federal había pedido a los ministros no aprobar este proyecto, pues dijo que este instrumento es fundamental para que los delincuentes cumplan con la justicia.