El jueves de la semana anterior, en conferencia de prensa, al abordar el caso de la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, el gobernador Cuitláhuac García dijo que la munícipe de Morena había ido al Palacio de Gobierno a solicitar audiencia y que “por lo extraordinario del caso” contaría con el apoyo institucional del Estado, y que personalmente la iba a atender él o a través del secretario de Gobierno, Eric Cisneros.
García Jiménez declaró que la edil había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en referencia al caso del supuesto rapto de su pequeño hijo, por el que la FGR inició el 8 de agosto de 2022 la Carpeta de Investigación FED/FEMDO/UEIDMS-VER/0000557/2022, la que el Ministerio Público federal remitió la semana antepasada a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque finalmente determinó que pudiera tratarse de un delito del fuero común, ya que “no se advierte ni aun de manera indiciaria la existencia de una organización criminal y menos aún que la misma se haya organizado con la finalidad de cometer el delito de secuestro…”, tal como lo señaló la alcaldesa, quien en este delicado asunto ha incurrido en una serie de contradicciones y falsedades, igual que a finales de febrero pasado lo hizo con el crimen de su secretario particular Octavio Acosta, de cuyo homicidio acusó públicamente, sin prueba alguna, al periodista Santos López Celdo, corresponsal del Diario del Istmo.
Por eso llama la atención que, pese a que el gobernador calificó su caso de “extraordinario”, Sánchez Vargas no ha sido recibida todavía por el mandatario veracruzano ni por el titular de la SEGOB.
La situación para la alcaldesa se ha complicado, pues la FGR concluyó que en este caso no encontró elementos para determinar la participación de la Delincuencia Organizada, y que por el contrario sí halló “datos de prueba que dan cuenta que el presente asunto se encuentra tipificado en el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro”, que prevé “de cuatro a dieciséis años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de esta Ley.”
En su análisis de los hechos ocurridos el 28 de julio de 2022, la FGR refiere que los supuestos secuestradores “exigen la firma de un cheque de 10 millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima”, localizándose a ésta el 13 de agosto de 2022 en las instalaciones del puesto fijo de rescate humanitario de la Guardia Nacional ubicada en la carretera Transístmica tramo Palomares-Matías Romero, Oaxaca, “en compañía de su tío, identificado con las iniciales JMSV en buen estado de salud, realizándose todos los actos de investigación tendientes a conocer que los mismos pertenecieran a un grupo de la Delincuencia Organizada que tienen como fin o resultado cometer el delito de Secuestro”. Sin embargo, el MP federal resalta “que de ninguno de las partes de investigación que obran en la presente Carpeta de Investigación, se puede asumir que el ilícito que nos ocupa se haya realizado por parte de algún grupo de Delincuencia Organizada…”
El caso ahora ha tomado otro giro, pues la alcaldesa, su hermano Omar Sánchez Vargas y la niñera de su hijo, Francisca Benítez Vargas, enfrentan una contrademanda en la Fiscalía General del Estado que presentó el ingeniero agrónomo y empresario citricultor Erasmo Vázquez González por falsedad ante la autoridad, falsas denuncias y simulación de pruebas.
Ante esta complicada situación en la que ella misma se entrampó, Lorena Sánchez Vargas ha decidido aliarse con Ramiro Condado Escamilla, de pésimos antecedentes y miembro de la familia caciquil que con el membrete del PRD sigue controlando el poder en el municipio de Acayucan. En los sexenios de los ex gobernadores priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte fue señalado de ser el presunto operador financiero de Los Zetas en Xalapa y le imputaban supuesto compadrazgo con Miguel Ángel Treviño Morales, (a) El Zeta 40. Lo identifican como apoderado legal de la empresa Grupo Conscomer del Sureste S.A. de C.V., representante de la empresa Diseño y Construcciones del Sureste S.A. de C.V., fungió como asesor de la diputada local perredista Florencia Martínez Rivera y es hermano del ex alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, esposo de la actual alcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez (PAN-PRI-PRD). El miércoles 10 de diciembre de 2003 Ramiro fue detenido por elementos de la AFI por tráfico de indocumentados y trata de blancas, mientras que a Cuitláhuac se vinculaba con grupos de chupaductos o huachicoleros.
Otro de los hermanos, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, ex agente del MP federal y subprocurador regional de Justicia del estado en la Cuenca del Papaloapan durante el duartismo, fue asesinado en un evento público el 26 de mayo pasado. Se desempeñaba como presidente del DIF municipal en la administración de su cuñada. Según versiones extraoficiales, lo ubicaban como vínculo político de José Roberto Sánchez Cortés, (a) El Ochenta, Señor Fiscal o Huevochas, un ex agente del Ministerio Público del estado que terminó como jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur de Veracruz.
El jefe del clan familiar es Clemente Condado Mortera, ex diputado local plurinominal y fundador y líder moral del PRD en la región de Acayucan. Su esposa, Adela Escamilla Moreno, también fue diputada local de representación proporcional del partido del sol azteca en la LXIV Legislatura del estado.
¿Con estos “aliados” y “asesores”, la alcaldesa de Sayula de Alemán será recibida por el gobernador Cuitláhuac García para darle todo el apoyo institucional del Estado? Francamente se duda, sobre todo después de que los hackers del grupo Guacamaya que sustrajeron millones de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pusieron en la mira al gobierno de Veracruz por supuestos vínculos con cárteles de la Delincuencia Organizada, lo que obviamente el mandatario estatal ha negado y renegado de manera tajante.