Juego de Poder
Leo Zuckermann
La información es poder. Cada vez más en estas épocas cibernéticas. Sabido es que, en este siglo XXI, los conflictos bélicos también pasan por el territorio de los datos. Un ejército está obligado a proteger este espacio vital. En este sentido, el hackeo y robo de seis terabytes de información al Ejército Mexicano significa una derrota en todo el sentido de la palabra.
El Presidente, en lugar de exigirles cuentas a los militares, ha tratado de minimizar este acontecimiento. López Obrador sale a sacarle las castañas del fuego a las Fuerzas Armadas. Se entiende. Son sus aliados estratégicos más valiosos.
El poder del Ejército y la Marina depende de su buena imagen en la opinión pública. Una derrota como la ocurrida la semana pasada, propinada por un grupo de piratas informáticos denominados con un nombre de chunga (Guacamaya), pone en entredicho la eficacia de los soldados en un momento toral donde se está discutiendo si las Fuerzas Armadas se quedan cuatro años más en labores de seguridad pública.
La pregunta es básica y lógica: si los militares no pueden cuidar sus datos, ¿cómo pretenden cuidarnos a los mexicanos?
El Presidente dice que no es partidario de que se investigue y sancione el robo de datos que sufrió el Ejército. Me parece gravísimo. Cualquier comandante en jefe de las Fuerzas Armadas está obligado a pedirles cuentas a los generales cuando se sufre una derrota de este tamaño.
¿Cómo fue la incursión y derrota en el territorio cibernético? ¿Qué falló? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué no se atendieron las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación que alertaban sobre la posibilidad de un hackeo en la Secretaría de la Defensa Nacional?
Ni investigar ni sancionar al Ejército por esta derrota es un acto de impunidad. ¿De qué privilegio gozan los militares? ¿Ya son tan poderosos que nadie puede pedirles cuentas? ¿Cómo es posible que su único jefe civil, el Presidente, les dé una palmadita en la espalda?
En un país serio, las derrotas castrenses tienen consecuencias. Y aquí, insisto, estamos frente a una derrota en uno de los territorios más valiosos que actualmente tienen los ejércitos: su información.
Adentro de los seis terabytes hay muchos datos que deberían ser públicos. Las cuentas y las contrataciones de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles o del Tren Maya, por ejemplo. Pero también está, supongo, información de seguridad nacional como la protección de la planta nuclear de Laguna Verde, las refinerías o el Campo Militar Número Uno. Esos datos deben estar restringidos por razones obvias. Sin embargo, hoy, cualquier persona que se acredite como periodista en la plataforma que guarda la información hackeada a la Sedena puede tener acceso a ellos.
En Chile, Guacamaya también hackeó 400 mil mensajes de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. De inmediato, el general Guillermo Paiva renunció a su cargo al frente de este organismo. Por su parte, el presidente Gabriel Boric le solicitó a su ministra de la Defensa, una civil, regresar al país (estaba en Nueva York con él) para atender la filtración, considerada como de extrema gravedad. La ministra se reunió con los jefes militares para evaluar la situación, anunció investigaciones para determinar las responsabilidades e involucró a los presidentes de las comisiones de defensa de las cámaras de diputados y senadores en el asunto.
Qué diferencia. Aquí, en cambio, el Presidente menosprecia lo ocurrido e informa que no habrá ni investigaciones ni castigos. La derrota militar no tendrá consecuencias.
El periódico El País ya publicó una primera investigación con base en el hackeo de Guacamaya. En la Sedena existe un ambiente hostil para denunciar los abusos sexuales en la institución. “Las víctimas suelen ser ignoradas, dadas de baja de las Fuerzas Armadas o trasladadas a otro sitio”.
En las próximas semanas, conforme grupos de periodistas encuentren las “pepitas de oro” escondidas en las toneladas de información hackeada al Ejército, veremos cómo se desnuda a esta institución. En este momento, apenas se atisba la puntita de lo que promete ser un enorme iceberg.
Por más que trate de minimizarlo el Presidente, estamos frente a un asunto gravísimo que podría lastimar la operación e imagen de una institución fundamental del Estado. Que la derrota quede impune es la mejor manera que vuelva suceder en el futuro. Y yo, aunque estoy en contra de la militarización del país, no me gusta nada ver cómo derrotan a nuestro Ejército nacional.