¿Hasta dónde los militares, en este sexenio, han cooperado para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ocho años?
El tema es fundamental porque, por decreto presidencial, están obligados a entregar toda la información relacionada con este caso.
Sin embargo, incumplieron.
Esto de acuerdo al reporte fechado el 31 de octubre del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), un comité de cuatro extranjeros designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para validar los hallazgos de las autoridades mexicanas sobre lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Cito dicho reporte:
“El GIEI ha seguido insistiendo en que se necesita proporcionar toda la información existente en los archivos CRFI (Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala) de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), y otros que puedan tener información clave para la búsqueda, que incluyen escuchas o interceptaciones telefónicas en tiempo real del 26 de septiembre de 2014 y del 4 de octubre de ese mismo año, entre otras, que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales en los archivos de Sedena que muestran que se tenía un conocimiento de los hechos en el mismo momento en que se estaban dando. Dichos mensajes CRFI no fueron proporcionados, o incluso su existencia ha sido negada, cuando hay pruebas fehacientes de los mismos. El GIEI ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene la presentación de toda la información de dichos archivos y el acceso al lugar donde se encuentran, sin lo cual se obstaculiza la búsqueda de los desaparecidos”.
Se entiende, por tanto, que el Ejército tenía información que no proporcionó a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Si es así, el Ejército habría violado un decreto de su comandante en jefe publicado en diciembre de 2018, recién comenzado el sexenio.
López Obrador ordenó en el Artículo Tercero de dicho instrumento jurídico:
“Se instruye a todos los organismos y dependencias de la Administración Pública Federal, que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla, sin mayor condición o reserva, a la Comisión que se crea por el presente Decreto, para que ésta, a su vez, la haga llegar al Ministerio Público, cuidando en todo momento la independencia de la institución y la legalidad del caso”.
Y para que no quedaran dudas se reitera en el mismo Artículo que “no podrá calificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad […] así como bajo el presupuesto de que no puede reservarse información, cuando con ello se obstruya la prevención o persecución de los delitos”.
Luego entonces, según el GIEI, el Ejército contravino esta orden.
El GIEI ha encontrado que la Sedena contaba, desde 2014, con un centro de inteligencia “fantasma” que intervenía telefónicamente a personas vinculadas con el caso. Los militares habrían espiado utilizando sistemas como Pegasus. Sin embargo, la Sedena no aportó ninguna información negando la existencia de dicho centro de espionaje.
Dice Héctor Aguilar Camín que la participación activa u omisa del Ejército en la noche de Iguala es la piedra con la que se han tropezado los gobiernos de Peña y López Obrador para esclarecer este caso. Es evidente que el primero llevó a cabo una investigación judicial sin involucrar a las Fuerzas Armadas. También ya resultan obvias las fracturas dentro del gobierno de López Obrador sobre hasta donde deben implicar a los militares en este asunto.
Si es cierto que el Ejército retuvo información durante este sexenio, estaríamos frente a dos posibles situaciones muy graves.
La primera es que López Obrador haya ordenado entregar toda la información, pero sabiendo que los militares incumplirían. El viejo recurso mexicano de publíquese, pero no obedézcase. De ser así, el Presidente habría mentido disponiendo una cosa, pero tolerando su inobservancia. Otro engaño más de esta administración.
La otra opción es, creo, más grave: la posible insubordinación de las Fuerzas Armadas. Con total impunidad, habrían contravenido una orden de su comandante, el único civil al que tienen que obedecer los militares.
¿Será que hemos llegado a esa situación en que los soldados hacen caso omiso de lo que les ordena el Presidente?