A título personal lector, lo que me interesaba del Cuarto Informe del gobernador Cuitláhuac García era el asunto financiero. ¿Por qué? porque las finanzas fueron el coco de los últimos mandatarios estatales que en la transición del cuarto al quinto año de su gobierno, comenzaron a pasar aceite y terminaron empinando a los veracruzanos.
Ayer en Pánuco, Cuitláhuac García dijo que para afrontar las secuelas del huracán neoliberal, su administración planificó la inversión y la recuperación tras un endeudamiento que superaba los 81 mil millones de pesos. “Por un lado teníamos que reconstruir el estado y por el otro sanear las finanzas”.
Agregó que con honestidad y austeridad, han sido pagados 17 mil 273 millones de pesos y se redujo en 5 mil 908 millones el gasto gubernamental. En consecuencia, se incrementó la inversión pública dedicando en estos cuatro años 24 mil 731 millones a ese rubro. Además de que la recaudación alcanzó los 11 mil 799 millones de pesos.
“El buen comportamiento financiero ha sido reconocido por todas las calificadoras externas, las cuales han subido sus apreciaciones, recobrando la confianza crediticia en nuestro Gobierno” dijo.
Indicó que la 4T está dejando constancia de que sí sabe administrar el dinero de los veracruzanos y llevarlo a acciones concretas. Una muestra es el rescate del Instituto de Pensiones del Estado que aumentó su reserva técnica de mil 220 millones a mil 876 millones de pesos; es decir, un 52.5 por ciento.
“El IPE dejó de ser la caja chica de los ladrones que gobernaron. Ahora se pagan puntualmente las prestaciones y devolvimos el patrimonio de las personas que trabajaron por ello”.
Hasta ahí el resumen del gobernador sobre las finanzas estatales.
Lo que sigue es estar pendientes de la comparecencia del titular de Finanzas, José Luis Lima Franco, con motivo de la glosa del Informe. Hasta ahora, el joven funcionario lleva una buena calificación en el manejo del erario. Y tiene un plus.
Es de los pocos economistas que no recurre a retruécanos verbales que nadie entiende, por el contrario, su lenguaje a la hora de dirigirse a la ciudadanía es sencillo y claro. “Esto es lo que había en las arcas veracruzanas cuando llegamos, esto es lo que hemos recibido, en esto lo hemos invertido, esto es lo que hemos pagado a nuestros acreedores y este es nuestro saldo”. Así de sencillo.
La comparecencia del funcionario será el miércoles 23 a las 11:00 horas en la Legislatura local y es una de las más esperadas. Nos vemos en el Congreso lector, pero si no puedes ir te contaré el jueves desde este espacio cómo le fue a Lima Franco.
Para sueldazos en la CMAS
Dicen que un día le preguntaron a un xalapeño “¿qué te gustaría ser, alcalde o diputado local?” a lo que contestó: “Me gustaría trabajar un año en la CMAS y con eso la hago”. Y es que entrar a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa y sacarse la lotería son más o menos lo mismo; pocas horas de trabajo a cambio de sueldazos y prestaciones de primer mundo.
Esto lo supo el alcalde Ricardo Ahued que en abril de este año anunció una depuración en esas oficinas cuando descubrió una Base Aérea compuesta por más de 80 aviadores entre “compadres, parientes y hasta amigas” que fueron dados de baja.
Agregó que los trabajadores de base se quejaban y con razón, pues mientras ellos sí hacen su chamba, llegaban a la CMAS comadres y compadres en Suburbans a cobrar sin trabajar. «La nómina vale 197 millones y las prestaciones se van a 590 millones», dijo el munícipe, por lo que buscaría salvar ese organismo para su mejor funcionamiento.
Es posible que cuando presente su Primer Informe de Gobierno dé a conocer que ya no hay aviadores en la CMAS, lo que será una excelente noticia. Aunque quizá ignore que hay quienes devengan salarios más altos que el gobernador Cuitláhuac García, lo que de acuerdo con las nuevas políticas no está permitido.
Una de ellas es la directora de la propia CMAS, Ana Iris Ruiz Gómez, que percibe un sueldo mensual de 76 mil 855 pesos y supera por más de 10 mil pesos el sueldo del gobernador que ha dicho que es de 60 mil pesos cada treinta días.
El problema con la CMAS es que tiene una plantilla laboral de mil 300 empleados sindicalizados, sin contar a los trabajadores de confianza. De ellos al menos la mitad percibe de 30 mil pesos para arriba.
¿Qué hacer con tanto trabajador? Correrlos sería violatorio de la Constitución y provocaría juicios laborales que irremediablemente perdería el Ayuntamiento. Bajarles el sueldo también sería anticonstitucional. Liquidarlos conforme a la Ley desfalcaría al Ayuntamiento.
¿Qué hacer entonces?
Aguantarlos, no hay de otra y cerrar la puerta a más contrataciones.
A Ricardo Ahued le dejaron un problema que ya resolvió a medias al correr a más de 80 aviadores. Pero meterse con el personal sindicalizado o incluso con el de confianza, es comprar una bronca que le provocará algo más que un dolor de cabeza.
PD. Agradezco a quienes me hicieron ver que la marcha en favor del INE no fue el sábado, como lo escribí erróneamente en mi columna de ayer, sino el domingo 13 de noviembre. Gracias.