El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
Al inicio de la audiencia, el fiscal supremo Alcides Chinchay presentó los argumentos del pedido contra Castillo por la presunta coautoría de los delitos de conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.
El fiscal pidió el mismo plazo de detención para Torres, quien actualmente está en la clandestinidad, por la presunta comisión de rebelión en coautoría y conspiración para la rebelión.
En el caso de Torres, se presentó a la audiencia como su abogado defensor el expresidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial Duberlí Rodríguez.
El fiscal sostuvo que el Ministerio Público requiere la prisión preventiva por 18 meses, “para cumplir con el plazo de la investigación preparatoria, el tiempo que eventualmente dure la etapa intermedia y el juicio oral”.
Según los argumentos del Ministerio Público, Castillo y Torres afrontan una posible condena que superará los 4 años mínimos para solicitar la prisión preventiva y puede llegar a 10 años.
Entre otros argumentos, la Fiscalía enfatizó en un eventual “peligro de fuga” de Castillo, ya que se ha informado que después de intentar dar un “autogolpe” de Estado el pasado 7 de diciembre buscó ir hacia la Embajada de México, país que ha manifestado su intención de otorgarle asilo.
El juez Checkley ordenó el miércoles que Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar, mientras se realiza la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva, tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho “a la medianoche”.
Castillo reclamó, en una carta publicada el miércoles en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a “coactar” (sic) su libertad.