El gobierno de Honduras anunció el sábado que suspenderá garantías constitucionales en sectores de las dos principales ciudades del país, controlados por grupos criminales dedicados a la extorsión, narcotráfico y el sicariato, un fenómeno que se extiende a casi toda la nación centroamericana.
El también llamado estado de excepción, que se prolongará por 30 días, será aplicado a partir del martes en algunas de las zonas más pobres de la capital, Tegucigalpa, y la norteña ciudad San Pedro Sula, asoladas por un “impuesto de guerra” que tiene en jaque a pobladores, comerciantes y transportistas.
“El estado de excepción parcial entrará en vigor el martes 6 de diciembre a las 6pm por treinta días, para impulsar la gradual actividad de desarrollo económico, inversión, comercio y en los espacios públicos”, dijo la secretaría de Seguridad en un comunicado.
La medida, que se espera sea avalada más tarde en una sesión del consejo de ministros, forma parte de un proyecto de la administración de la presidenta Xiomara Castro, para hacer frente a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, así como otras bandas delictivas.
El plan de lucha contra los grupos criminales fue adoptado por el gobierno en medio de presiones de empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones no gubernamentales que aseguran que la extorsión se ha incrementado en los últimos meses.
La no gubernamental Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), que investiga temas de seguridad, asegura que la extorsión genera ganancias anuales equivalentes a 737 millones de dólares, casi un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.