Las crisis políticas en Argentina y ahora en Perú nos revelan las diferencias en la evolución política de cada nación, incluido por supuesto nuestro país, México. En Argentina, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, ha sido sentenciada por un juez a 6 años de prisión y a la vez se la inhabilita para el desempeño de cualquier cargo público. No es sentencia definitiva porque existe en el procedimiento la garantía legal para su defensa, sin embargo, el hecho deja constancia de una solidez institucional reflejada en la autonomía de su estructura judicial, sin supeditación al poder político. En Perú, el presidente Pedro Castillo esbozó un intento de Golpe de Estado, aparentemente con tan singular ingenuidad que el tiro le salió por la culata y fue destituido por el Congreso de ese país, que momentos antes había sido “desaparecido” por el depuesto mandatario. En Perú, el ejército no secundó al presidente, y con ejemplar apego al Estado de Derecho no ha dado muestras de aprovechar la confusión para hacerse del poder político. Meses antes, en Brasil, las huestes de Bolsonaro, electoralmente derrotados organizaron una multitudinaria manifestación frente al cuartel general de las fuerzas armadas de ese país incitando al Ejército a tomar el poder; esa moción afortunadamente fue desoída y se respetó el resultado electoral que favoreció a Lula Da Silva, con pleno respeto a la vía institucional. Se trata de tres naciones sudamericanas con trayectorias políticas e institucionales diferentes, incluso con diferente grado de madurez ciudadana, aunque tienen como denominador común amplia experiencia en alternancias de sus fuerzas políticas en el poder nacional. Nosotros en México terminamos la era del partido hegemónico y de presidencia autoritaria cuando en el año 2000 se votó por vez primera, después de tres cuartos de siglo, por la alternancia en la presidencia; es decir, nuestra experiencia en ese ramo es corta. Aunque fue en la década de los años 90 del siglo pasado cuando forcejeamos decididamente para instituir un órgano electoral ajeno al control del gobierno, ese objetivo se logró con la reforma electoral de 1996 cuando el IFE alcanzó su autonomía plena, t a partir de ese momento realmente histórico en nuestro país los procesos electorales adquirieron rango de madurez institucional que se reflejó en una Cámara de diputados sin mayoría priista, una Jefatura del Distrito Federal no priista en 1997 y un presidente de la república panista en 2000. No obstante, aun ahora, 22 años después, como suele suceder en los grandes movimientos sociales (la Revolución Francesa, por ejemplo), es posible el riesgo de una eventual Restauración que imponga reversa a nuestro avance democrático e institucional, pero, como dicen los clásicos, “la historia no camina de reversa”. Porque, parodiando a Neil Armstrong, nuestro avance democrático ha sido un pequeño paso para el país, pero un gran salto para la democracia en México.