Es tanta la obsesión y la prisa del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por desmantelar el sistema electoral del país para convertirlo en un muñeco de trapo inservible, que verdaderamente no le importa el cúmulo de ilegalidades en las que incurre con su remedo de reforma electoral.
Plagado de inconstitucionalidades, el llamado “plan B” lanzado luego del palo dado a la reforma constitucional –que era todavía más lesiva- es un bodrio que haría inoperante al Instituto Nacional Electoral (INE), pues no solo le quita recursos presupuestales sin ton ni son, sino que desmantela su esqueleto: el Servicio Profesional Electoral.
La iniciativa elimina al 84.6 por ciento del Servicio Profesional Electoral en los 300 distritos electorales, afectando totalmente la capacidad de operación del INE durante los procesos de elección popular.
Los integrantes del Servicio Profesional Electoral son los que sacan adelante los procesos en cada una de sus etapas, ya que se encargan de todos los actos preparatorios y de los que configuran el procedimiento que culmina con las jornadas electorales. Es básicamente lo que le da certeza y hace funcionar la maquinaria de las elecciones.
La iniciativa lopezobradorista, con el pretexto de que es “cara”, pretende sustituir una labor para la cual es necesario especializarse durante años, con órganos temporales y personal eventual, destruyendo la profesionalización del trabajo electoral para imponer en su lugar la improvisación y, muy seguramente, la “mapachería”, con eso de que Morena se parece tanto al más rancio y viejo PRI.
El dictamen que este martes pasará al Pleno del Senado –que de por sí tuvo que corregir varias barrabasadas aprobadas por los diputados levantadedos de la “4t”, que ni supieron las estupideces que votaron a favor- está lleno de enmiendas inconstitucionales que lo harían susceptible de ser derribado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por ejemplo, la limitación a la potestad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para imponer sanciones y cancelar candidaturas a infractores de la Constitución y de la legislación electoral, con lo cual el régimen morenista busca que queden impunes las innumerables violaciones a la ley en que han incurrido sus aspirantes presidenciales con sus cínicos actos anticipados de campaña. Carece por completo de base constitucional, pero se mantuvo en el dictamen.
Otro botón de muestra de cómo el morenato busca pasar por encima del texto constitucional que no pudo modificar porque la ciudadanía no le dio los votos suficientes para ello, es la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que viola el artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental y las obligaciones de los servidores públicos en materia de imparcialidad en la contienda electoral y de uso de la propaganda gubernamental, ya que es una derivación del “decreto interpretativo” con el que los diputados morenistas pretendieron que los funcionarios públicos hicieran campaña abiertamente y que no se considerara como propaganda porque ellos así lo “interpretaron”. Absurdo –inventado por el entonces presidente de la Cámara, el morenista Sergio Gutiérrez Luna- que fue invalidado por la SCJN.
Y como esos dos ejemplos, hay bloques completos de inconstitucionalidades –como los llamó el senador Ricardo Monreal- en una iniciativa de reforma hecha verdaderamente con las patas en la Secretaría de Gobernación, que sin embargo no fue modificada en lo sustancial y más pernicioso y así será votada.
Si la reforma es aprobada en el Senado con las mínimas modificaciones que le hicieron, implicará que sea regresada a la Cámara de Diputados, donde ya se sabe que no leen lo que aprueban, solo siguen órdenes.
La única posibilidad de que el “plan B” no pase es que tras ser exhibidos y ninguneados, y sus propuestas –ilegales también- para tener vida eterna eliminadas, los legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde no voten a favor, lo que acabaría con la mayoría simple de Morena. Difícil, pero posible. En comisiones del Senado un legislador del Verde ya se abstuvo de votar el dictamen.
La otra vía para detener el feroz ataque del morenato contra la democracia debería ser la Corte, pues así como está, la reforma es constitucionalmente insostenible. Pero el máximo tribunal del país está “colonizado” por ministros “cuatroté” que ya han sucumbido a los dictados de quien cada que puede les recuerda quién los puso ahí. Nada asegura que “tumben” la reforma, así las violaciones a la Carta Magna sean gigantescas.
Las expectativas no son halagüeñas, pues todo el poder del Estado mexicano está concentrado en imponer ese retroceso al derecho a elegir con libertad en México. El lopezobradorismo no tiene respeto alguno por la mínima normalidad democrática ni legal cuando no le convienen y su bodrio electoral es la mejor prueba de ello.
Pero que nadie se diga sorprendido. Siempre han sido así. Al fin priistas, solo que con otro disfraz.
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