El 24 de octubre del año pasado, el pleno de la Legislatura de Veracruz votó porque se creara el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) y por tanto que se extinguiera el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejaev), que había sido creado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y en el que permanecían los tres magistrados que él puso en 2017. Para el nuevo tribunal fueron nombradas como magistrados cuatro personas cercanas a la 4T veracruzana, lo que es tan evidente que no necesita documentarse.
No obstante que el nombramiento original de aquellos jueces había sido por diez años, los diputados veracruzanos resolvieron que para la extinción del Tejaev, solamente se les debían dar las gracias a los magistrados, y una indemnización de tres meses de sueldo.
Pero, como era de esperarse, los depuestos interpusieron una acción de inconstitucionalidad (la 266/2022) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta sentenció que era ilegal la extinción que había hecho la Legislatura y ordenó que se repusiera a los magistrados y al Tejav desaparecido y que se suspendiera la designación de los magistrados del Trijaev.
Un hecho singular es que esa resolución está firmada por la magistrada Norma Piña, que ahora es ni más ni menos que la Presidenta de la Suprema.
La Legislatura y el Gobierno estatal respondieron a la resolución de la Corte dictada el 20 de diciembre poniendo el miércoles 4 de enero de este año un cerco policiaco al edificio El Olmo, donde está el Tejav, con el fin de que no pudieran acceder los magistrados a reponerse.
Otra acción inmediatamente posterior fue que el líder de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, consiguió de cualquier manera que dos de los tres magistrados del Tejaev presentaran su renuncia. Dice el hueyapense que ahora se dispone a mandar un comunicado a la Corte diciéndole que como renunciaron casi todos ya no hay más que hacer, y se quedará el recién creado Trijaev.
Y en esas está este asunto, pendiente de lo que va a responder la SJCN.
Como yo no soy abogado, sino periodista, me dispuse a consultar con un experto sobre este tema en particular, y esto fue lo que me dijo:
“Desde luego resulta complejo el caso, por la renuncia de los magistrados. Sin embargo, la Corte está exigiendo que se cumpla con la sentencia y deberá responder a los planteamientos que le hace el titular de la Jucopo; ¿en qué términos lo hará? De verdad no puedo anticiparlo.
“Las resoluciones de amparo tienen efectos restitutorios a partir del momento en que se cometió la violación a la Constitución. De acuerdo con este principio, la consecuencia jurídica será que se instale el Tribunal en los términos en que estaba constituido cuando se planteó la controversia correspondiente, pero si el tribunal administrativo que promovió esa controversia carece de representación por la renuncia de los magistrados, ¿quién va a pedirle a la Corte que la sentencia se cumpla en dichos términos?
“Tiene muchas aristas este asunto, que solamente podrá esclarecer la Ministra Presidenta a través de los acuerdos que dicte para la ejecución de esa sentencia; inclusive, si a ella le surgen dudas, tiene la facultad de preguntarle al pleno de la Suprema Corte cómo se debe proceder.
“No queda más que esperar dichos acuerdos.”