Durante los álgidos días previos a la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, auto postulada a ese cargo fue exhibida por una información relativa a su tesis de recepción profesional, calificada como espuria debido a un supuesto plagio. Desvelada esa noticia, la ministra esgrimió el recurso de convertirse en objeto de controversias por su calidad de mujer. Como tal recurso no fue suficiente a continuación se vistió de víctima del plagio, es decir, Edgar Ulises Báez, quien presentó un año antes su examen profesional le birló el contenido de la tesis a la ahora ministra. Caminando en suelo pantanoso debido a la sarta de mentiras, la señora Yasmín Esquivel dijo que denunciaría a Ulises Báez de haberle plagiado su tesis, incluso el 30 de diciembre la ministra afirmó que Báez reconoció ante notario público haber tomado “varias referencias y textos (de) partes importantes…” del proyecto de tesis presentado por ella. Sin embargo, Ulises Báez negó la acusación y puso en el tapete de la discusión un argumento irrebatible: él tiene el original de su tesis, presentada un año antes que la ministra. En la elección en la Corte, la ministra solo fue favorecida con un voto, el suyo obviamente, y se retiró de la contienda como en muerte súbita; Báez sostiene que demandará a la ministra por sus acusaciones de plagio. El notario público, Armando Mastachi Aguario, desmiente que Báez haya reconocido haber copiado, y asegura: “mi participación se limitó única y exclusivamente a dar fe de la supuesta firma y reconocimiento del contenido en un documento que él me exhibió en ese momento, por lo que yo como notario no avalo el contenido de dicho documento” y, finalmente, la UNAM determina que la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa “es una copia sustancial de la de Édgar Báez de 1986”, o sea, un vil plagio. Por este interesante, aunque muy vergonzoso asunto, se descubrió que el denominador común lo encarna quien fuera la Directora de Tesis, pues queda en el aire la sospecha de que haya comercializado el texto de las tesis entre otros aspirantes, por lo cual existe la posibilidad de que haya otros casos en similar contexto. Ahora se reclama que la UNAM escurrió el bulto hacia la Secretaría de Educación, instancia encargada de expedir la cédula profesional, sin embargo, el título académico concierne a la Institución educativa. No es tema para quedarse en la anécdota, pues en este caso la protagonista es una ministra de la Suprema Corte de Justicia, nada menos, involucrada en penoso contexto, éticamente disminuida, más aún porque el encargo que desempeña exige buena dosis de credibilidad profesional. Atrapada en esa penosa circunstancia, la señora ministra, se supone, deshoja la margarita para decidir qué hacer, porque apostarle al olvido vulnera severamente al colectivo del que ahora es parte, e históricamente dañará a quienes, apoyándola, pese a todo, se convierten en cómplices, no del plagio, sino de lo éticamente reprobable, y la Cartilla Moral postulada por el actual gobierno sufriría mácula imborrable.