Las autoridades brasileñas aprietan el cerco en torno al expresidente Jair Bolsonaro, con la autorización este viernes de investigarlo bajo sospecha de estar por detrás de la asonada del 8 de enero en Brasilia, algo que su defensa niega.
Un juez del Supremo Tribunal determinó el viernes incluir, a pedido de la fiscalía, al líder ultraderechista en la investigación que busca determinar la instigación y autoría intelectual de la invasión y saqueo de las sedes de los poderes públicos el día cuando el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva cumplía una semana en la presidencia.
El domingo, miles de simpatizantes de Bolsonaro, quien durante años sembró dudas sobre la transparencia del sistema electoral que lo llevó a la presidencia en 2018, invadieron la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia. Los fiscales destacaron en su pedido un video que el exmandatario subió a sus redes sociales el 10 de enero, dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre.
En una nota enviada a la AFP el viernes, la defensa de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, negó cualquier participación en los hechos vandálicos por los que hubo más de mil 800 detenidos.
«Él (Bolsonaro) jamás tuvo cualquier relación o participación en estos movimientos», dice la nota, que acusó por los disturbios a «infiltrados».
Sin embargo, para la Fiscalía General hay elementos que sustentan la investigación contra el exmandatario, quien nunca reconoció la victoria de Lula y dejó el país antes de terminar su mandato y de la ceremonia de transmisión de mando.La entidad considera que «realizó incitación pública a la práctica de un crimen» al subir el video.
Pese a que el video fue publicado dos días después de los ataques en la capital, y eliminado el día 11, la Fiscalía cree que la conducta del expresidente revela una «conexión probatoria» entre los eventos.
«Hay una relación entre el video y los ataques, es un indicio que puede sugerir un involucramiento mayor de Bolsonaro», dijo Mario Schapiro, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas (FGV) en Sao Paulo.
El pedido de interrogatorio de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, será analizado «oportunamente», aclaró Moraes. Los violentos ataques al corazón del poder en Brasilia dieron la vuelta al mundo y las imágenes fueron comparadas con la asonada contra el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.
El ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino, dijo este viernes que no ha realizado trámites para pedir la extradición del exmandatario, quien este viernes finalmente cambió su biografía en Twitter que hasta ayer lo describía como «Presidente» de Brasil.
El profesor de la FGV dijo que Bolsonaro podría recibir una orden de prisión si hubiera indicios de su participación en los hechos y su libertad pusiera en «riesgo» el proceso. Schapiro agregó que en estos momentos no ve motivos para pedir su extradición.
El entorno del exmandatario también se encuentra en la mira de la justicia. Sobre Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, pesaba una orden de detención por supuesta complicidad en los ataques. Fungía como Secretario de Justicia de la capital al momento de la asonada que arrasó con invaluables obras de arte, destruyó edificios y vandalizó los símbolos de la democracia brasileña, por lo que fue destituido.
De viaje a Estados Unidos, al igual que su exjefe, dijo ser inocente y prometió que se presentaría ante la justicia, sin dar fecha. Pero el ministro de Justicia le dio una suerte de ultimátum para regresar.
«Vamos a esperar hasta el lunes para que se presente», dijo este viernes Dino, quien advirtió que si Anderson no vuelve de forma voluntaria a Brasil, iniciarán acciones para pedir su extradición la próxima semana. Confirmó que la policía encontró en casa de Anderson un borrador de decreto presidencial que ponía en tela de juicio el resultado de las elecciones de 2022.
El documento, divulgado por Folha de S. Paulo, buscaba decretar el control del Tribunal Superior Electoral, a cargo de los comicios, «con el objetivo de garantizar la preservación y el inmediato restablecimiento de la transparencia y corrección del proceso electoral presidencial de 2022».
«Muestra que no eran casos aislados, y sí, que había una planificación».
Pero advirtió que aún no ha sido determinada la autoría del documento, que jamás fue publicado porque no fue emitido.
Torres dijo en Twitter que «muy probablemente se encontró el material descrito» entre documentos para botar a la basura y afirma que la minuta está siendo descontextualizada.
El saqueo de las sedes de los poderes públicos coronó meses de tensión política en Brasil, que atravesó una visceral campaña electoral tras la cual Lula se impuso sobre su archirrival Bolsonaro por menos de dos puntos porcentuales.
Torres fue detenido este sábado en Brasilia en conexión con el violento ataque a la capital el 8 de enero, informó la Policía Federal. La orden de detención de Torres está firmada del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
«Fue preso al desembarcar en el aeropuerto de Brasilia y encaminado para custodia, donde permanecerá a disposición de la justicia», dijo la Policía Federal en un corto comunicado. «Las investigaciones siguen en secreto», agregó la institución.