Quienes ayer transitaron por la caseta de peaje sobre el rio La Antigua se llevaron la desagradable y costosa sorpresa de un aumento en la cuota de 55 a 58 pesos, aún más, si por alguna razón tuvieron “la fortuna” de atravesar el rio Coatzacoalcos hacia Allende, usando la vía del túnel sumergido debieron pagar 45 pesos, tres de aumento pues el jueves aún cobraba 42 por usar menos de un kilómetro de ese túnel sumergido, cuyos antecedentes se tipifican como parte del costumbrismo en la obra pública nacional caracterizada por sus inicios titubeantes y sin fecha límite para concluirse. Un breve relato sobre esta obra presumida como de “tecnología de punta”, que según Herrera Beltrán causaba expectación entre gobernantes del país y otras partes del planeta, “magna obra”, única en su género en América Latina, “inimaginable” “que debe ser orgullo para todos los mexicanos y especialmente para los veracruzanos”, según el muy festivo lenguaje hiperbólico del referido exgobernador: el 8 de marzo de 2007, Herrera Beltrán declaró que el presidente Calderón le confirmó su apoyo a la construcción del túnel bajo el río Coatzacoalcos, que mediría mil 600 metros de largo, con un costo total de 2 mil 200 millones de pesos; de esa cantidad, Banobras aportaría 333 millones a fondo perdido, 370 millones conjuntamente el gobierno estatal y el municipal y el resto el consorcio de la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos (Cotuco) aportaría 507 millones. Los recursos del gobierno provendrían del peaje del Puente Coatzacoalcos I. Esa obra “podría” estar concluida en 36 meses. Previamente se construyó un dique seco con dimensiones de 300 metros de largo por 200 metros de ancho y 15 metros de profundidad, allí se construyeron los 6 tramos prefabricados con medidas de 130 metros de largo, 25 metros de ancho y 10 de alto, con peso aproximado de 30 mil toneladas. Muchas fueron las peripecias financieras de esa obra con el consecuente diferimiento de su terminación. Cuando en 2010 concluyó el gobierno de Fidel Herrera la construcción de ese túnel estaba detenida hacia seis meses, según lo aseguró el coordinador de administración y finanzas del Fideicomiso de esa edificación, Enrique Carmona Vela, quien ahora señalaba 2012 como fecha de su conclusión. Una obra que cuando la anunció Miguel Alemán en 2004 costaría mil 700 millones de pesos, para 2011 ya se valuaba en dos mil 700 millones de pesos. Significativamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), observó: “el Gobierno del Estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, presupuesto, licitación, contratación, ejecución y pago, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el informe, donde destacan los siguientes, por ejemplo, se suscribió un contrato de autorización con la concesionaria sin que se haya prorrogado la vigencia que le dé certeza jurídica a las partes; no se comprobó que el proyecto ejecutivo incluyera la responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables en Diseño Urbano, Arquitectónico, y en Seguridad Estructural e Instalaciones. No se ejerció el capital de riesgo, no obstante, se manifestó insuficiencia de recursos para la continuación de la obra, ni se hizo válida la garantía de terminación de la misma otorgada.”
Árbol que nace torcido jamás sus ramas endereza, dice sabio refrán. De allí los desaciertos de cuatro Secretarios involucrados sin dar pie con bola. Guillermo Herrera Mendoza anunció que antes del 15 de marzo de 2011 el gobierno estatal iniciará los trabajos de construcción del túnel sumergido que debería concluirse en noviembre del 2012, con una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos, según dijo los trabajos llevaban un avance del 65% y restaban por aplicar 1,480 millones. El 2 de enero de 2012, otro Secretario de Comunicaciones, Raúl Zarrabal, aseguró que ese año concluiría el túnel. Francisco Valencia García, otro Secretario de Comunicaciones señaló que al 26 de julio de 2013 registraba un avance del 90 por ciento, por lo que se estimaba concluirlo para julio del 2014. Y en octubre de 2013, el Secretario de SIOP, uno más, Gerardo Buganza, admitió que la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos estaba detenida porque el concesionario de la misma ya no tenía recursos para continuarla. Entonces Mauricio Audirac Murillo entró al quite y aseguró que quedaría concluido en mayo o junio de 2014. De emergente llegó Tomás Ruiz, quien anunció la concesión de esa obra a una empresa constructora, pero no demoró en el duro trance y otro ocupó su lugar solo para anunciar la posible inauguración pese a no estar concluida. Este paradigma de la mala obra pública, o del patrimonialismo político, o ejemplo de la cínica corrupción en el sector público veracruzano de aquellos y otros tiempos fue calificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como de negligencia atribuida a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz “que tuvieron a su cargo la planeación y licitación de la obra”, misma que “sólo después de la Estela de luz, el túnel sumergido de Coatzacoalcos es la obra que más ha incrementado su presupuesto original”. Tal afirmaba en 2016 respecto de una obra iniciada en 2007, plena de tribulaciones y de corrupción, finalmente inaugurada el 17 de abril de 2017 por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, es decir, un túnel de extensión no mayor al kilómetro, vio irse a dos gobernadores, Fidel y Duarte, y llegar a la primera alternancia política en Veracruz. Quedan aún el eco de las declaraciones del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local señalando un presunto daño patrimonial en el fideicomiso del Túnel sumergido y en el fideicomiso de conservación y mantenimiento del puente Coatzacoalcos I, por 225 millones de pesos. Lo kafkiano del asunto radica en que por este concierto de astronómicas irregularidades nadie pisó cárcel. Increíble, pero cierto.