El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó que hubo una “planificación” de los ataques perpetrados por miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro contra las sedes de la Presidencia, Parlamento y Tribunal Supremo del pasado domingo.
Dino dijo, en una rueda de prensa, que la planificación de los ataques quedó demostrada por el documento incautado por la Policía en la casa del exministro de Justicia, Anderson Torres, el pasado martes.
Ese documento se trata del borrador de decreto que habría permitido al ahora expresidente Jair Bolsonaro intervenir la Justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
“El documento configura un elemento fundamental para la comprensión de la causa-efecto. Es un nexo de la relación de los eventos que se inauguran el 30 de octubre y van hasta el 8 de enero. Muestra que no son casos aislados; había una planificación”, dijo.
La autoría del decreto no está clara y todavía tiene que ser investigada, agregó.
El borrador de decreto preveía la declaración del Estado de defensa (un Estado de excepción) para intervenir el Tribunal Superior Electoral y llevar a cabo una “corrección del proceso electoral presidencial”, según afirma el primer artículo del documento, filtrado por el diario Folha de São Paulo.
Este texto fue decomisado el pasado martes durante un registro de la Policía Federal en la casa en Brasilia de Torres, sobre quien pesa una orden de arresto por su supuesta responsabilidad en los asaltos a los palacios del pasado domingo.
Torres dijo en Twitter que ese borrador de decreto, fechado en diciembre, sin un día concreto, estaba en una pila de documentos “para descarte” que iba a ser “triturado”.
El aliado de Bolsonaro también dijo que fue “sacado de contexto” y reafirmó su “respeto a la democracia brasileña”.
El exministro se encuentra en Estados Unidos y ha adelantado que pretende regresar a Brasil para colaborar con la Justicia, que lo investiga porque en el momento de los asaltos era secretario de Seguridad Pública de Brasilia, responsable por la Policía regional, que no hizo nada para detener a la turba de radicales.
Cerca de mil 800 personas fueron arrestadas por los ataques, que causaron cuantiosos daños en el interior del palacio presidencial de Planalto, en el Congreso Nacional y en la sede de la Corte Suprema.
Los ataques del 8 de enero culminaron una escalada de ataques de los bolsonaristas radicales contra la democracia, que desde el día posterior a las elecciones iniciaron movilizaciones para alentar un golpe de Estado contra Lula, quien asumió el poder el 1 de enero.
Antes de los graves asaltos a las sedes de los tres poderes, los radicales de extrema derecha bloquearon carreteras, asaltaron una comisaría de Brasilia a mediados de diciembre y, días después, colocaron un artefacto explosivo cerca del aeropuerto de la capital, que fue desactivado por la Policía.