Juegos de poder
El miércoles pasado, en Reforma, el consejero del INE Ciro Murayama argumentaba por qué el famoso plan B de reforma electoral del presidente López Obrador podría provocar la nulidad de los comicios de 2024 y una “crisis política tan grave como innecesaria”.
Murayama explicaba lo que está en riesgo de prosperar el plan B. En su columna de Milenio, Héctor Aguilar Camín realizó, a lo largo de la semana pasada, un recuento del mismo tema, es decir, del peligro de cambiar las reglas electorales cuando ya sabemos que el INE gestiona bien la instalación de las casillas, la recepción de los votos, su conteo, el levantamiento de las actas y la posterior transmisión de los datos.
No voy a repetir ni lo dicho por Murayama ni por Aguilar Camín, que puede leerse en Reforma y en Milenio. Lo que me interesa es entender por qué López Obrador quisiera provocar una posible anulación de los comicios generando una crisis política. La pregunta no es ociosa tomando en cuenta que, de acuerdo a las encuestas, su partido, Morena, va muy arriba en la carrera presidencial.
¿Para qué arriesgar la sucesión si las estrellas están alineadas para ganar en 2024?
Una primera hipótesis es que el Presidente no está del todo convencido de que Morena pueda triunfar así de fácil. Ergo, pretende inclinar la cancha en favor de los candidatos oficialistas, lo cual contempla parte del plan B, por ejemplo, en materia de campañas adelantas.
Esta explicación, sin embargo, aplicaría antes de los comicios y no después. Aquí estamos conjeturando por qué el Presidente estaría interesado en anular las elecciones ex post debido a problemas organizativos del INE producto del plan B.
A colación entra una hipótesis que he descrito anteriormente. Desde ahora, el Presidente está preparando la narrativa de un posible fraude electoral si gana la oposición en 2024. AMLO, como sabemos, nunca ha aceptado una derrota en las urnas. No lo va a hacer por primera vez el año que viene, mucho menos teniendo el poder de la Presidencia.
Si el 2 de junio de 2024 la oposición da el campanazo, López Obrador desconocerá el resultado. Argumentará que él había enviado una reforma constitucional para limpiar el sistema electoral, pero la oposición la rechazó para que “la mafia del poder” se robara los comicios como en el pasado.
De prosperar el plan B, como argumentan Murayama y Aguilar Camín, posiblemente habrá muchas irregularidades. AMLO y los morenistas, en efecto, tendrían pruebas para reclamar un fraude y solicitarían la nulidad de los comicios. En este sentido, el plan B sería, en realidad, un plan por si ganara la oposición.
En cambio, si gana Morena la Presidencia, el argumento del fraude y la solicitud de anulación sólo las aplicarían en los lugares donde perdiera el partido oficialista. Recordemos que, además de la presidencial, habrá elecciones de gobernador en ocho estados, de jefe de Gobierno en la Ciudad de México, más de mil 500 alcaldías y 30 congresos locales.
Ya en el pasado el lopezobradorismo ha reclamado fraude donde pierde y se ha quedado callado donde gana en una misma elección. En 2006, por ejemplo, pretendieron anular la presidencial por supuesto fraude, pero aceptaron los resultados de legisladores federales donde les fue muy bien, y la de jefe de Gobierno capitalino que ganaron.
Esta hipótesis me suena razonable. Sin embargo, hay otra que empiezo a escuchar en muchos rumores típicos de la sucesión presidencial. La especulación es que, gane o pierda Morena la presidencial, habrá tantas irregularidades producto del plan B que AMLO y su círculo más cercano solicitarían la anulación de los comicios. Esto con el objeto de que López Obrador se quede más tiempo en el poder como el único factor de gobernabilidad para el país. Ante la crisis política, mejor la prolongación del popular líder en la Presidencia.
En lo personal, rechazo este tipo de profecías. Es estirar mucho la liga de lo imaginable. Aquí estaríamos frente a un rompimiento del orden constitucional. Nuestra Carta Magna describe perfectamente los mecanismos en caso de que falte el Presidente el primero de octubre de 2024. El Congreso nombraría a uno interino y se llamaría a unas nuevas elecciones. AMLO ya no podría ser jefe del Ejecutivo porque la reelección está explícitamente prohibida en la Constitución.
Claro, siempre puede argumentarse que la nulidad de los comicios llevaría a una crisis política tan aguda que ya no sería la Constitución, sino los factores reales de poder los que decidirían quién se quedaría en la Presidencia. Aquí estaríamos hablando de una especie de autogolpe de Estado de AMLO con la aquiescencia de las Fuerzas Armadas. Y eso, en lo personal, lo considero como muy jalado de los pelos.