El gobierno de Claudia Sheinbaum incurrió en irregularidades durante la ampliación de la Línea 12 del Metro, que correrá de Mixcoac a Observatorio, por lo que no sólo pudo provocar un daño al erario por 25.7 millones de pesos, sino que incumplió con la reparación de inmuebles privados afectados por la obra.
Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría número 631 a la Cuenta Pública 2021, en la que revela que el gobierno de la Ciudad de México firmó un contrato con la empresa Macro Construcciones Libra para que reparara 45 inmuebles afectados en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón; sin embargo, sólo se concluyó la reparación de cinco inmuebles, 16 quedaron inconclusos y en 24 no hubo trabajos.
El gobierno de la Ciudad de México trató de justificar su falta al advertir que la empresa no contó con los recursos necesarios para concluir el servicio, por lo que se impusieron las sanciones correspondientes, mientras las viviendas afectadas se encuentran en constante monitoreo topográfico. Sin embargo, la ASF determinó que la observación subsiste.
Pese al peligro por la obra del Metro, por casi dos años, las viviendas afectadas seguían sin repararse hasta noviembre de 2022 cuando finalizaron las auditorias.
La ASF destacó además que el gobierno de Sheinbaum realizó pagos indebidos o en exceso que probablemente constituyan un daño al erario de la Ciudad de México.
Por ejemplo, se realizaron pagos indebidos por 7.2 millones de pesos por la supervisión del proyecto de implantación de vía, el cual no tuvo avance y, por ende, no se hizo supervisión alguna.
Aunado a ello, el gobierno capitalino ha tenido retrasos importantes en la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro, cuyos trabajos iniciaron en 2016, es decir, desde la administración pasada.
“Falta la liberación de los derechos de propiedad para la ejecución del proyecto, lo que sumado a la problemática de los asentamientos diferenciales, así como a los desplazamientos en las claves de los túneles del intertramo correspondiente ha generado atrasos de hasta el 344% en los contratos de obra civil y de servicios de la primera etapa; sin embargo, a pesar de los atrasos mencionados, la entidad fiscalizada continuó formalizando contratos de obras públicas y de servicios en los que otorgó anticipos sin que se pudieran iniciar los trabajos contratados”, destacó la ASF.