* Hay por lo menos 104 casos de acoso sexual reconocidos por el gobierno de Cuitláhuac
* Y no hay evidencias de castigo a los acosadores
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
Un reportaje de Latinus sobre el acoso sexual que sufren mujeres de la policía estatal por parte de Carlos Enrique Santos Hernández, jefe de la ayudantía del mandatario y encargado de su seguridad personal, puso de nuevo el tema en la palestra, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Y evidenció una vez más, que en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, los atentados contra las mujeres no se castigan, como tampoco se hace con la mayoría de los delitos.
Cuitláhuac García ha demostrado una y otra vez su carácter misógino y protector de los agresores, en lugar de las víctimas.
En el trabajo elaborado por Cecilia Reynoso para Latinus, se muestra el testimonio de dos mujeres policía sobre los acosos sexuales que se dan en la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) por parte de los mandos de la misma hacia las mujeres.
En ese trabajo se citó a Ricardo Alarcón, presidente de la asociación civil Resistencia Ciudadana Xalapeña (RCX), quien mencionó que eran 17 los casos de acoso sexual de los que esa instancia tiene conocimiento por parte de -tan sólo- dicho funcionario.
CUITLÁHUAC Y LA PROTECCIÓN A LOS ACOSADORES SEXUALES EN SU GOBIERNO
Y Cuitláhuac García éste martes 7 de marzo, dio una vez más muestras de que lo suyo es proteger a los agresores y no impulsar el castigo hacia los mismos.
De entrada, en lugar de tan sólo ofrecer que se investigarían las denuncias y que se actuaría en consecuencia, Cuitláhuac dijo que desconocía las denuncias.
En cambio aseguró que Carlos Enrique Santos Hernández ya había sido dado de baja de su ayudantía desde el 16 de enero, porque fue requerido por la Secretaría de Marina.
Aunque es probable que haya mentido también sobre esto.
¿Porqué?
Porque en el directorio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta este martes 7 de marzo en la tarde -casi dos meses después- seguía apareciendo en el puesto,
Nadie lo había relevado en sus funciones.
Otro detalle con Santos Hernández, es que siempre pedía que lo llamaran “capitán”, pero en el mismo directorio de la SSP aparece como “C” o ciudadano, mientras que los demás enlistados tienen algún titulo profesional. De hecho, al buscar su curriculum, el mismo no existe. Entonces, lo de “capitán”, está en duda.
Ricardo Alarcón, de Resistencia Ciudadana, hizo la denuncia pública el 23 de enero, de éste año.
Ahora, después del reportaje de Latinus Ricardo Alarcón mencionó que se incrementaron las denuncias de acoso sexual y ya son 27 las mujeres y un elemento masculino, acosados en la SSP, que se han acercado a esa instancia.
Pero Cuitláhuac García dice que no sabe nada de las denuncias, tal como también respondió el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, el 24 de enero.
El cerrar los ojos ante las imputaciones, es porque no existe voluntad de castigar las infracciones, ni de detener ese tipo de actitudes inconvenientes.
Aún cuando son generalizadas.
Las mujeres policía que se atrevieron a denunciar mencionaron que todo empieza cuando “los comandantes te empiezan a piropear…que bonito cuerpo te dejó la academia…todo comienza con caricias, tocadas de hombro o tocadita de espalda, ya empieza bajar más de la cintura a la pompi”.
A las que no acceden las sacan de la comodidad de las oficinas y las mandan a las “zonas rojas” del estado.
Y en la SSP asumen la misma actitud que Cuitáhuac García: negar los hechos y pedir que no se hagan públicas las denuncias.
Lo que se busca, en la instancia oficial, es proteger a los depredadores sexuales, no a las víctimas.
En el caso de la SSP es notoria la inacción de la titular de la Unidad de Género, Adriana Bertryl Córdoba Alarcón, quien debería encargarse de estos casos, pero la cual nunca ha intervenido.
De hecho en Seguridad Pública existe el “Pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y
al acoso sexual”, el cual fue firmado por el mismo titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga, el 25 de octubre de 2022.
Así que ni para que diga que desconoce ese documento.
En ese pronunciamiento se anota que “En esta Institución quedan estrictamente prohibidas las conductas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual” y la primera que describe es:
“Utilizar el grado policial y/o nivel superior jerárquico para intimidar, sugerir o forzar a una persona a someterse a intereses o deseos sexuales”.
Y ese es precisamente el mecanismo más usado.
Pero no sólo en Seguridad Pública se dan esos casos, si no que también se presentan en el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (Ipax), donde hay una lista de casi 20 casos conocidos y en las que nada se ha hecho contra los acosadores.
Uno de los últimos casos en el Ipax, fue la denuncia que realizó una trabajadora en contra de Melquíades González Jerezano, quien la acosaba siguiéndola para todas partes. Melquíades González tiene en su historial el haber sido detenido por el ejército cuando era comandante de la policía municipal de San Juan Evangelista, por portar un arma no matriculada, el 24 de abril de 2009.
HAY POR LO MENOS 104 CASOS DE ACOSO SEXUAL RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO DE CUITLÁHUAC
Pero los casos son más, muchos más, tantos que tan sólo el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, se atrevió a reconocer que existen 104 expedientes de hostigamiento y acoso sexual abiertos en el gobierno de Cuitláhuac García, tan sólo por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en las distintas dependencias de la administración estatal.
Esto lo hizo luego de que en su comparecencia por el cuarto informe de gobierno de Cuitláhuac García, la diputada local por el PRI, Anilú Ingram, le pidió conocer el detalle de estos señalamientos.
En ese mismo contexto al secretario de Desarrollo Social del gobierno de Cuitláhuac García, Guillermo Fernández Sánchez, le reclamaron que siguen los casos de acoso sexual en ese dependencia y éste prefirió hacerse el occiso.
Primero, de los casos que se hicieron públicos, Héctor Rivera Castillo, renunció como director Jurídico y luego a Ismael García Rodríguez, director de Políticas de Desarrollo Regional, sólo lo cambió de lugar, para protegerlo.
El número que dio Eric Cisneros, es una muestra de como -también- en el gobierno de Cuitláhuac García tratan de ocultar estos casos, pues en su cuarto informe de gobierno se anota que por el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, a cargo de la Contraloría General del Estado (CGE), se atendieron al 31 de octubre de 2022, durante ese año, 88 quejas de este tipo en dependencias estatales.
El dato lo recuperó Fabiola González, en un trabajo que realizó para el Diario de Xalapa, publicado el 24 de enero de 2023
En ese reportaje apunta que de las 88 quejas, 86 fueron calificadas como procedentes, pero solo nueve fueron concluidas, es decir, apenas un 10. 5 por ciento del total de las denuncias aceptadas.
Esto sin contar la cifra negra, de las personas que no se atreven a denunciar por temor a perder su trabajo, que debe ser muy superior.
¿Hay resultados de las denuncias por acoso?.
Fabiola González en su publicación señala que no hay evidencia de que algún funcionario del gobierno estatal haya sido sancionado de alguna forma: “hasta el 19 de enero de 2023, no existen informes oficiales que detallen las resoluciones, o refieran las sanciones aplicadas a funcionarios o servidores públicos agresores, derivados de los procesos de investigación a cargo de la CGE, por conductas de hostigamiento y acoso sexual”.
En septiembre de 2022, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la CGE, refería solo “una” destitución (nada más UNA), de las 86 quejas aceptadas en 2022.
Por cierto, la CGE no atendió todos los casos, pues dentro del mismo cuarto informe de gobierno 2022, la Contraloría reportó que daban seguimiento sólo a 78 casos, mientras que 6 los declaró concluidos (sin especificar como se dio esto) y 1 estaba en proceso de resolución.
¿Y los demás?. Pues la Contraloría estaba tratando de que no pasara nada… para los agresores.
Como en el caso de Fernando Quirarte Vargas, quien en 2020 fue obligado a renunciar a la Dirección de Gobernación, de la Secretaría de Gobierno (Segob), con Eric Cisneros como su jefe y protector, por la denuncia de acoso sexual que interpuso en su contra Paloma LG, la cual acusó que en marzo del 2019 sufría insinuaciones, tocamientos e indirectas.
En este caso la Contraloría determinó que no hubo faltas graves que sancionar, por instrucción directa de la titular de la dependencia, Mercedes Santoyo Domínguez, quien prefirió quedar bien con quien la puso en el cargo que la protección de las mujeres.
Fernando Quirarte cuando salió de su cargo inicial, sólo fue cambiado de área, a la Junta de Mejoras de la Segob, donde también victimizó a otras mujeres por acoso sexual y laboral, quienes presentaron denuncias y quejas en el órgano de Contraloría Interna y la Unidad de Género.
Pero igual, tampoco nadie las atendió.
Fernando Quirarte tenía (tiene) todo el apoyo de Eric Cisneros, porque en el 2018 prestó sus salones, hoteles y hasta dio apoyos económicos, para la campaña de Cuitláhuac García.
Ese era su gran escudo protector.
Paloma interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la cual emitió la recomendación 002/2022, dos años después de recibida la misma, por el caso de “Hostigamiento sexual por parte de un funcionario de la Secretaría de Gobierno, obstaculización del acceso a la justicia en sede administrativa de la Contraloría General del Estado y omisiones en la atención por el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, perteneciente al H. Ayuntamiento de Xalapa”.
Pero además de la CEDH, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) sentenció que si se cometió el delito.
Ambas instancias revirtieron el “no pasa nada” de Eric Patrocinio y de la contralora Mercedes Santoyo.
En su resolución el TEJAV exhibió que ni Contraloría, ni el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), ni la propia Secretaría de Gobierno (SEGOB) mediante sus órganos internos de control, actuaron con debida diligencia en las denuncias por acoso, hostigamiento y amenazas contra Paloma LG.
Esto fue -probablemente- una de las grandes determinantes por las que el gobierno de Cuitláhuac García quitó a los magistrados del Tejav para poner otros a su modo.
En este caso, como en los pocos más en los que ha habido algún tipo de sanción o repercusión, ha sido porque la víctima en lugar de intimidarse se mantiene en su reclamo e insiste en su petición de justicia.
El resto de las denuncias, y todas las mujeres que no se atreven a denunciar, son una muestra de que el gobierno de Cuitláhuac García para nada es protector de las mujeres, si no que por el contrario, es completamente misógino, y por el contrario, a quienes protege es a los violentadores, como en el caso de su jefe de ayudantía.
Cuitláhuac García sigue demostrando que para nada es el gran místico del estado que quisiera ser y mucho menos el que necesita la entidad.