La Justicia peruana aplazó este miércoles para el próximo 27 de marzo la audiencia en la que decidirá si acepta la petición de 36 meses de prisión preventiva para Lilia Paredes, esposa del expresidente peruano Pedro Castillo y actualmente asilada en México, por un presunto caso de corrupción.
El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, admitió así la petición de los abogados de la exprimera dama y de sus hermanos Walter y David Paredes, de disponer de más tiempo para revisar los tomos del expediente fiscal, dado que la audiencia estaba programada inicialmente para junio próximo.
El magistrado dijo que era «atendible» el pedido de reprogramación en un plazo prudencial, «para efectos de no vulnerar los derechos de las partes» y descartó que el Poder Judicial esté dilatando esta diligencia.
Recordó que la audiencia de prisión preventiva se programó inicialmente para junio, para que Paredes pueda ser notificada legalmente en México, donde vive en virtud a un asilo político, pero que al contratar un abogado en Perú que fue notificado válidamente, se reprogramó para este miércoles.
Lilia Paredes siguió la audiencia en forma remota y ante una consulta del juez evitó dar su dirección exacta, pero manifestó que «como todos saben», está «asilada en México», un estatus otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el fallido golpe de Estado dado por Castillo en diciembre pasado.
Su hermana Yenifer Paredes, a la que Pedro Castillo y Lilia Paredes criaron como una hija y está denunciada igualmente, estuvo presente en la sala de audiencias.
El representante del Ministerio Público pidió al juez que rechace el pedido de los abogados, al considerar que hicieron la solicitud de información a escasas horas del inicio de la audiencia, y que la defensa «debe constituir un ejercicio diligente y eficaz».
Recordó que Paredes también ha contado con la defensa pública del Estado, que ha asistido a las diligencias previas, además de haber estado debidamente notificada de su pedido de prisión preventiva. El fiscal expresó lo siguiente:
«Perú pasa por un momento decisivo donde vienen sucediendo circunstancias de muertes de ciudadanos, que requieren que su situación jurídica sea establecida y aclarada, porque no cuentan con medida limitativa».
No obstante, el juez Justiniano resolvió reprogramar la audiencia, teniendo también en consideración que la Fiscalía hizo un pedido de integración de expedientes, donde añadió documentación relativa al caso, y que motivó el reclamo de los abogados de las partes.
Lilia Paredes fue incluida por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de organización criminal que, según sus investigaciones, dirigió Castillo desde el Gobierno para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
El día que Castillo dio el fallido golpe de Estado estaba camino a la embajada de México con sus hijos menores de edad, pero fueron impedidos de continuar su desplazamiento por la Policía Nacional y la seguridad del Estado que recibió la orden de detener al exjefe de Estado por rebelión y conspiración.