A una semana del incendio que mató a 39 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la omisión del servicio de seguridad privada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que tenga que fincar responsabilidades a los funcionarios públicos involucrados.
Cuestionado sobre la participación del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, el mandatario federal fue reacio a hablar sobre su responsabilidad en este hecho y acusó nuevamente a los medios de comunicación de emprender una campaña de desinformación.
“La FGR está haciendo la investigación, sin la instrucción, no, bueno, sí la instrucción a la Secretaría de Seguridad y la recomendación al Fiscal es que no haya impunidad para nadie”, afirmó.
“Primero, hay que ver lo jurídico, lo legal, ustedes, que no eres tú nada más, son millones, ya dije, desde luego, hay quienes son conservadores por dinero, o sea, porque es lo que les interesa es el dinero, esos es a los que respeto menos, respeto más a los conservadores por pensamiento.
“Esos, no coincido con ellos, pero tienen una ideología, defienden una doctrina, pero los otros, lo que buscan es solamente el dinero. En este caso, es la Fiscalía, la que está haciendo la investigación. Ustedes quisieran, ni así se conformarían, que quemáramos en leña verde en el Zócalo a los que cometieron un delito”, dijo en conferencia de prensa.
La semana pasada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el INM otorgó un contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. que, en las primeras indagatorias sobre su estatus de operación, arrojó diversas irregularidades.
A dicho grupo, la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC que otorgó el permiso de operación en el país, pero no dio seguimiento a la forma en la que prestaba servicios al gobierno federal, según se pudo desprender de la conferencia de este jueves de la titular de la corporación.
Por ejemplo, algunas de las irregularidades encontradas fueron que la empresa contaba con menos personal al reportado a la autoridad federal, no daba vista sobre bajas o altas de personal y, aunque no queda claro, sus trabajadores supuestamente portaban armas, aun cuando su contrato y permiso no los facultan para ello.