Por Raúl Arias Lovillo
En los últimos días destacados miembros de la comunidad científica de nuestro país han realizado muchas críticas a la nueva ley de ciencia y tecnología, todas justas y argumentadas. Entre otras, se destaca que es una iniciativa que elimina la autonomía de las instituciones de investigación, centraliza las decisiones prácticamente en una persona -quien dirige el Conacyt-, es excluyente porque deja fuera a las universidades e instituciones de investigación en la toma de decisiones y porque relega a los investigadores y estudiantes de instituciones privadas de los estímulos económicos. Y aún más, en adelante las decisiones académicas y las prioridades de investigación quedarán supeditadas a las decisiones de una Junta de Gobierno del Consejo formada por los representantes de una docena de Secretarías, incluyendo Defensa y Marina.
La inconformidad de la comunidad científica del país sobre las vicisitudes de esta ley pronto encontrará su impugnación jurídica. Mientras tanto retomemos la idea del porqué en la nueva ley de ciencia y tecnología subyace una visión retrógrada sobre el futuro desarrollo de México.
Una ley de ciencia y tecnología es una herramienta con la que cuentan los países para orientar los programas de investigación y de formación de capital humano en la materia a las prioridades sociales del país. En la etapa actual que vivimos, caracterizada por cambios trascendentales en ciencia y tecnología, se esperaría que en México nuestra ley se diseñara a partir de la definición de proyectos que propiciaran nuestra inserción exitosa en la sociedad del conocimiento.
Este camino han seguido la mayoría de los países desarrollados de Europa, EEUU y demás regiones del mundo. Por ejemplo, desde 2016 los Países Bajos construyeron una Agenda de Investigación de la Sociedad Digital, apoyada en la participación de las universidades más importantes de este país, con el objetivo de asegurar su liderazgo internacional en el campo de las tecnologías de la información centradas en el ser humano. Las líneas de investigación van desde la toma de decisiones democráticas y la salud electrónica, hasta la seguridad cibernética y el diseño de algoritmos responsables. Países Bajos tiene claro que esta Agenda atrae talento, inversión, desarrollo tecnológico, empresa y colaboración a nivel nacional e internacional, contribuyendo a una sociedad más amplia a nivel social, tecnológico y económico.
En México, desafortunadamente, la nueva ley por razones ideológicas no considera el contexto de la sociedad del conocimiento, excluye la participación y la alianza con empresas privadas, coarta la libertad académica de las instituciones de investigación, centraliza las decisiones en la burocracia y reduce el presupuesto a ciencia y tecnología. Todo mal. Y son, precisamente, sus principios ideológicos los que impiden al gobierno mexicano comprender la importancia de las relaciones entre ciencia/tecnología y economía del conocimiento. Menos puede comprender la importancia de construir comunidades de aprendizaje, apostar por la formación y capacitación masiva de la población en el uso de herramientas digitalizadas, apoyar los cambios de las universidades en su transición digital, etc.
De esta manera México pierde su futuro, pierde enormes oportunidades para despuntar en la sociedad del conocimiento y condena a muchas generaciones de jóvenes a conformarse con empleos mal pagados y a una educación mediocre.